Número-068
- El objetivo, abreviar y simplificar los procedimientos jurídicos y administrativos, en beneficio de los ciudadanos que demandan justicia.
El proceso contencioso administrativo ha evolucionado, pero todavía quedan sin resolverse satisfactoriamente aspectos esenciales que condicionan la eficacia del control jurisdiccional de la administración pública y la justicia para los ciudadanos, señaló el senador Francisco Salvador López Brito.
El legislador del Grupo Parlamentario del PAN dijo que a partir de su instauración en el año de 1937, mediante la entrada en vigor de la Ley de Justicia Fiscal y hasta la emisión de la vigente Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la jurisdicción administrativa constituye la piedra angular del Estado de Derecho.
Cuando la sentencia favorece a la autoridad demandada, su cumplimiento no tiene complicación alguna ni tardanza; pero cuando es a favor del ciudadano, su cumplimiento se prolonga más que el juicio mismo y, en otras ocasiones, no se cumple, refirió.
Actualmente, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo determina que si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, éste deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses tratándose del Juicio Ordinario o un mes si es Juicio Sumario.
El senador López Brito propuso una reforma a los artículos 52 en su segundo párrafo; 57 fracción I, inciso b; y 58-14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que disminuye el plazo para cumplir con las sentencias en materia administrativa.
Así, la sentencia se deberá cumplir en un plazo de diez días tratándose del Juicio Ordinario o cinco días tratándose del Juicio Sumario.
El objetivo es abreviar y simplificar los procedimientos jurídicos y administrativos, en beneficio de los ciudadanos que acuden en demanda de justicia, comentó ante el Pleno el senador Salvador López Brito.
La iniciativa que también firma la senadora Mariana Gómez del Campo, fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis.
