Desde 2006 a la fecha, la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión cuenta con un registro de 67 homicidios y 14 periodistas desaparecidos, informó su titular Laura Angélica Borbolla Moreno.
Al comparecer ante la Primera Comisión de la Permanente, que preside el senador Rogelio Rueda Sánchez, del PRI, la funcionaria dijo que en el mismo lapso la dependencia abrió 228 investigaciones, con independencia de las que también se iniciaron en las delegaciones estatales de la Procuraduría General de la República.
Destacó que de septiembre de 2010 a julio de este año se consignaron 31 averiguaciones previas y se ejerció acción penal en contra de 74 probables responsables por abuso de autoridad, amenazas, lesiones calificadas, robo calificado, daños en propiedad ajena agravados, homicidio y tentativa de homicidio.
Asimismo, la Fiscalía ordenó 114 medidas cautelares a favor de periodistas, familiares y medios de comunicación, incluyendo instalaciones, para evitar que se consumen los hechos denunciados o daños de imposible reparación.
Con independencia de las investigaciones que lleva de manera la FEADLE, añadió, se han elaborado, tramitado y distribuido, en auxilio de las autoridades locales, 384 fichas de búsqueda de periodistas desaparecidos, dirigidas a diversas dependencias como procuradurías, servicios médicos forenses, Sedena, Semar, INM y delegaciones de la PGR.
Borbolla Moreno consideró que la tarea para proteger la libertad de expresión “involucra a todos los órdenes de gobierno y éstos son corresponsables del mantenimiento del Estado de derecho”, que se traduce en otorgar las garantías a quienes por el motivo del ejercicio de su actividad periodística pudieran encontrarse en riesgo.
“El ejercicio de la libertad de expresión --destacó-- constituye una conquista fundamental en la construcción de una sociedad democrática, por lo que debe y es nuestra obligación garantizar su plena observancia a través de fortalecimiento de las instituciones”.
En este sentido, reconoció el trabajo de las cámaras de Senadores y Diputados por la aprobación de la reformas al Artículo 73 Constitucional, fracción XXI, con que se faculta a las autoridades federales para poder conocer de delitos del fuero común relacionados con la protección a la libertad de expresión.
Sobre los homicidios de los comunicadores Regina Martínez Pérez, Marco Antonio Ávila García, Víctor Manuel Báez Chino, así como la desaparición de Marco Antonio López Ortiz, la funcionaria afirmó que las investigaciones están activas o en curso.
Además, informó que “se encuentran investigaciones pendientes” sobre los responsables de la agresión en contra del periodista Gerardo Ponce de León Moreno.
Al iniciar la ronda de preguntas, el diputado priista Carlos Flores Rico manifestó que existe “una gran desilusión con la Fiscalía”, ya que a pesar de las reformas que se han hecho en los últimos meses “no hay una sola sentencia conseguida”.
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efirió que según organizaciones como Freedom House y Article 19, México se acaba de situar en el grupo de países “no libres” para el ejercicio del periodismo junto con Venezuela, Cuba y Honduras.
La Fiscalía Especial --agregó-- es considerara ineficaz porque hasta ahora la impunidad ha sido exacerbada por la carencia de competencia de la Fiscalía, que ha ejercido acción penal en tan sólo 23 casos con una sola sentencia condenatoria frente a un total de 632 agresiones contra periodistas.
A su vez, el diputado panista Gustavo González Hernández consideró importante que se diga cuántas sentencias se han logrado por parte de la Fiscalía, ya que no se puede evaluar su función si no existe una sentencia.
Si se creó una Fiscalía y se hizo una reforma constitucional --subrayó-- para nosotros el indicador de evaluación de la política de los funcionarios es cuántas personas que cometieron un delito están tras las rejas.
Por ello, preguntó cuáles han sido los principales móviles de los ataques en contra de periodistas, es decir, “si son funcionarios públicos o la delincuencia organizada”
Por su parte, el diputado perredista Israel Madrigal Ceja expresó que el 44 por ciento de los atentados incluye también ataques en contra de las instalaciones de los medios de comunicación.
Indicó que los estados en donde se han registrado más asesinatos de periodistas son Veracruz con 29 casos, Distrito Federal con 21, Chihuahua y Coahuila con 15 y Oaxaca con 11, así como otras tantas agresiones y desapariciones de comunicadores.
Se dijo preocupado porque en la mayoría de los casos los jueces federales se declaren incompetentes para conocer los asuntos, los cuales son turnados a las autoridades locales.
Para el senador Francisco Alcibíades García Lizardi, de Movimiento Ciudadano, al final del sexenio “seguimos ante una administración extraviada” en el tema y “en un laberinto de complicaciones que redunda en magros niveles de eficacia para garantizar seguridad y justicia para periodistas y trabajadores de los medios de comunicación”.
Dijo que la violencia hacia los comunicadores sólo se ha abordado desde la óptica de la procuración de justicia, “reduciendo a una mera cuestión de números las averiguaciones previas atendidas y resultas, pero es omiso en acciones para la defensa de los derechos humanos del gremio”.
Al dar respuesta a los cuestionamientos de los legisladores, la funcionaria reconoció que en los últimos años “crecieron de manera exponencial” las agresiones en contra de periodistas, comunicadores, medios de comunicación y sus instalaciones.
Mencionó que al consignar un caso ante el Poder Judicial de la Federación “hay un sinnúmero de argumentos para que éste no conozca de los casos”, lo que genera que a veces los procesos y sentencias no estén bajo la tutela de la Fiscalía ni de la PGR, sino que se van al fuero común por esa situación.
Por otro lado, señaló que en algunas ocasiones, en los delitos contra comunicadores, “nos hemos encontrado con conductas que se derivan con alguna relación o vínculo con la delincuencia organizada”, ya sea porque “publicaron algo o porque no publicaron algo”.
En este sentido, comentó que las agresiones a instalaciones tienen como objetivo generar cierto temor y amedrentar a los medios para que publiquen o dejen de publicar.
De igual manera, aclaró que se llevan líneas de investigación en delitos contra de periodistas cuya situación fue ocasional o pasional.
Reiteró que el número de consignaciones con probables responsables demuestra que la Fiscalía “no elude su responsabilidad porque es nuestra tarea investigar y la de las autoridades es dar cumplimiento a esas órdenes de aprehensión”.
Por ello, advirtió que desaparecer la Fiscalía Especial sería “desafortunado” porque tiene sustento en los compromisos internacionales que el Estado mexicano ha adquirido en la materia.
Luego de la ronda de preguntas y respuestas, el senador Rogelio Rueda Sánchez asentó que “sólo disminuyendo sensiblemente la impunidad podremos lograr que la libertad de expresión florezca como lo necesita la democracia mexicana”.
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