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El diputado Jesús María Rodríguez Hernández, planteó reformar la Constitución para establecer un sistema interno de contrapesos en el Poder Ejecutivo, que serviría para evitar excesos en el ejercicio del poder.
El objetivo de la propuesta del legislador priista es aplicar el modelo de Ayuntamiento, donde la toma de decisiones del gobierno municipal no está en manos de una sola persona sino de un grupo plural de personas elegidas por sus conciudadanos.
Con la introducción de este esquema en la legislación --precisó-- se evitará el autoritarismo.
Los representantes de los ciudadanos que constituirán el grupo plural con autonomía técnica y de gestión, y denominado Consejo Ejecutivo Federal, deberá ser elegido de entre las propuestas hechas por instituciones de educación superior, por la Cámara de Diputados.
Las obras de gran envergadura serían autorizadas, supervisadas y vigiladas por el Consejo del Ejecutivo Federal, que estaría integrado por cinco consejeros que serán renovados en forma escalonada, percibirán un salario equivalente al de los secretarios de Estado y no podrán ser removidos del cargo, sino por las causas que señala el título cuarto constitucional.
Se organizará conforme a la Ley que emita el Congreso de la Unión, los consejeros del Ejecutivo Federan durarán en su cargo tres años y no podrán ser electos para ese cargo cuando lo hayan ocupado de forma provisional.
Adicionalmente, Rodríguez Hernández subrayó que para ocupar el cargo de consejero se debe ser ciudadano mexicano, por lo menos de 35 años, tener reconocido prestigio, no ser o haber sido ministro de algún culto religioso y no tener militancia en partido político alguno.
Se propone también que el modelo se replique en los estados, que deberán aprobar las decisiones de los gobernadores, en el ejercicio de determinadas facultades para que éstas puedan ser válidas.
Por último, dijo, se plantea que los consejeros del Ejecutivo en sus órdenes federal, estatal y del Distrito Federal sean sujetos del juicio político y del sistema de responsabilidades de servidores públicos, previstos en la Constitución.
La iniciativa de reforma a los artículos 89, 93, 108, 110 116 y 122, se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
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