Número- 1710
- Proponen crear ley de investigación, fortalecer las unidades cautelares, y reformar la ley en materia de tortura.
- La SCJN asume la responsabilidad de generar los criterios que los impartidores de justicia deben ir dando al nuevo Sistema.
La realidad es que el sistema penal acusatorio no ha dado los resultados esperados, pues se tiene un instrumento pero no se adaptó al Estado Mexicano para su ejecución, destacó el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, presidente de la Comisión de Reforma del Estado del Senado, al concluir los trabajos del Congreso Nacional “La Justicia que México Necesita: Mitos y realidades del Nuevo Sistema Acusatorio”.
La reforma urgente es al artículo 102 constitucional, para modificar el tema de la impartición de justicia, a fin de no tener a la policía dentro de la Fiscalía y para que la acción penal no se concentre en una sola persona. No es necesario llevar a nivel constitucional la prisión preventiva echando la culpa al Sistema Penal, agregó.
El legislador argumentó que lo que se debe poner sobre la mesa es el papel de autoridades en la procuración de justicia, “patético antes y es patético y vergonzoso ahora”; y tampoco podemos decir que la variable que cambió fue el Sistema Penal Acusatorio.
En el panel “Policía y Ministerio Público: capacidades de investigación”, el comisionado de Seguridad Pública de Morelia, Bernardo de León Olea, subrayó que se requieren ajustes, pero no para la prisión preventiva oficiosa y el hecho de que las pruebas solo tengan valor probatorio en la audiencia ante el juez, ya que no son el problema fundamental, y de reformarlos, se hará “una sentencia oficiosa preventiva”.
Propuso crear una ley de policía de investigación criminal que regule las actividades de investigación que contenga las directrices sobre qué hacer, cómo solicitar al juez y cómo debe ser la relación entre la policía y el ministerio público; y quitar al Código Nacional de Procedimientos Penales lo que tiene que ver con investigación del delito, pues en el país no funciona la investigación, ya que no se deja investigar a los investigadores.
El Ministro Jorge Pardo Rebolledo, resaltó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asume la responsabilidad de generar los criterios que los impartidores de justicia deben ir dando al nuevo Sistema: fortaleza y operatividad; y no descartó cambios legislativos para mejorar su operación.
Con el nuevo Sistema, agregó, menos del uno por ciento de los asuntos llegan a audiencia de juicio y al dictado de sentencia, ya que la mayoría salen por medios alternos, por lo que es necesario comunicar a la sociedad sobre lo que debe esperar de este Sistema. Asimismo, señaló que es fundamental tomar en cuenta tanto la perspectiva de los derechos fundamentales de las personas que son sometidas a proceso y de las víctimas.
Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aseguró que “la puerta giratoria” se encuentra en las Unidades de Medidas Cautelares (Umecas), por lo que es necesario su fortalecimiento, ya que al no madurar durante nueve años, la prisión preventiva como medida cautelar oficiosa se vuelve “desafortunadamente necesaria”.
Durante su participación en el panel “Prisión Preventiva de Oficio ¿por qué sí o por qué no?”, declaró que no se debe incrementar el catálogo de delitos y destacó que cuando las Umecas funcionen no se utilizará la prisión preventiva oficiosa para ningún delito. Agregó que mientras no se reforme el marco legal ni se fortalezca a las unidades, la realidad nacional pide poner un tope a la portación y acopio de armas de uso reservado a las fuerzas armadas.
El director general del Centro de Asesoría y Formación en el Sistema de Acusación Adversarial, Fabio Valdés Bensasson, subrayó que no se le debe agregar el apellido “oficiosa a la prisión preventiva”. La justicia penal –puntualizó- es el último eslabón que se acepta en un estado cuando han colapsado otras políticas que tratan de reducir el fenómeno delictual.
La prisión preventiva oficiosa no resolverá nada, sino que generará un hacinamiento y gastos excesivos; la solución no está en aprisionar sino en la protección de las víctimas, argumentó.
El nuevo Sistema tiene carencias, aseguró Santiago Corcuera Cabezut, ex presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU. En el panel “Combate a la delincuencia y respeto a los derechos humanos”, consideró que el Senado de la República podría modificar que el declarante no regrese a la custodia policiaca -bajo el mando del acusador- después de haber declarado.
No caigamos en el falso dilema de “la puerta giratoria” y de que la culpa del incremento en la delincuencia es del nuevo Sistema de Justicia Penal, para regresar al viejo sistema. La delincuencia no se combate, se previene y en caso de cometer delito procesar al delincuente con principios acordes con la dignidad del imputado y el respeto los derechos de la víctima, de acuerdo con el debido proceso legal.
La doctora Mara Gómez Pérez, subcontralora del Senado de la República, precisó que tres cuartas partes de las personas encarceladas en el país, sufrieron algún tipo de violencia, es decir, que la mayor parte han sido objetos de tortura, violaciones graves al proceso, lo que convierte a las autoridades en delincuentes, pues torturan para obtener una confesión.
Debemos dejar de culpar a los derechos humanos y al Sistema de Justicia Acusatorio de la violencia y la inseguridad del país; y trabajar en conjunto los tres poderes de la unión, las autoridades federales, locales, municipales, la sociedad civil y organizada, los comunicadores, los defensores de derechos humanos, académicos y los ciudadanos, para construir un sistema de justicia que castigue a los culpables y proteja a las víctimas.
En los paneles también participaron Alejandro Hope, analista de temas de seguridad; Cecilia Real, investigadora de México Evalúa; María Elena Morera Mitre, presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común, A.C.; Gabriela Capó Ramírez, directora ejecutiva de INSYDE; Guillermo Zepeda Lecuona, investigador en el Colegio de Jalisco; José Ramón Amieva Gálvez, secretario de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México; y Miguel Carbonell Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
