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El senador priista Fernando Castro Trenti, propuso reformas a la Ley Aduanera para suprimir requisitos y restricciones arancelarias que impiden a mexicanos de la franja fronteriza norte importar autos usados de Canadá y Estados Unidos.
Según la iniciativa, quedaría prohibido que las secretarías de Economía o de Hacienda y Crédito Público apliquen restricciones arancelarias o no arancelarias en la importación de autos usados que impliquen mayores requisitos que los establecidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El objetivo, dijo, es otorgar un otorgar mayor certeza jurídica a propietarios y compradores de autos usados y evitar el cúmulo de requisitos que les exigen las autoridades, como certificados de origen de importación, pago de contribuciones y los precios que fija la SHCP por el ingreso de mercancía.
Explicó que el establecimiento de estos costos es una práctica proteccionista conocida como precios oficiales, que son fijados unilateralmente por Hacienda a determinados productos para que ingresen al país con un valor mínimo que no deteriore o altere el ciclo comercial y para obtener impuestos.
Sin embargo, dijo que la internación de vehículos usados al país no es un fenómeno nuevo, ya que está profundamente arraigado en los estados fronterizos por su cercanía con Estados Unidos, la cual permite que miles de personas de escasos recursos puedan adquirir un auto en buenas condiciones que en establecimientos locales no comprarían.
Indicó que desde hace años legisladores de los estados fronterizos han pedido al gobierno federal que, a la luz del TLC, facilite que mexicanos de esas entidades adquieran vehículos de segunda mano de Canadá y Estados Unidos, y los internen a México, para utilizarlos como instrumento de trabajo y apoyo familiar.
Añadió que el llamado al Ejecutivo es para que corrija y ajuste el decreto que impide el ingreso de estos vehículos, ya que actualmente lo hace más oneroso e impone cargas impositivas mayores a las que establece el TLC.
“El asunto –subrayó- lamentablemente ha sido desoído por el Ejecutivo al grado de utilizar el poder público, mas no el de la ley, para violentar las decisiones judiciales de juzgados federales e impedir que éstas se expresen concediendo a los quejosos el reconocimiento de sus derechos”.
Castro Trenti rechazó que la entrada implique algún daño a la industria nacional automotriz, ya que los autos usados van a un específico núcleo de mercado que atiende sólo necesidades de trabajo de mexicanos con escasos recursos económicos.
Insistió que el gobierno federal debe reconocer las necesidades laborales y económicas de las comunidades fronterizas y dar un cambio a su política centralista que, al desconocer la problemática de este rubro, ha provocado tráfico de influencias, corrupción y negocios turbios.
La iniciativa, que adiciona diversas disposiciones al artículo 137 de la Ley Aduanera, s turnó a Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
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