Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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La Comisión Permanente saludó y reconoció la orden ejecutiva que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió en beneficio de jóvenes inmigrantes indocumentados.

Con estricto respeto a las determinaciones soberanas de cada país, los senadores y diputados también se pronunciaron por la necesidad de alcanzar una reforma migratoria integral, que reconozca las contribuciones positivas de los indocumentados mexicanos a esa nación.

En el acuerdo suscrito por todos los grupos parlamentarios, se hace un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que concrete las gestiones necesarias que permitan impulsar la firma de un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos.

El pasado 15 de junio, el presidente Obama anunció la suspensión temporal del proceso de deportación jóvenes indocumentados que lleven al menos cinco años en su territorio y que hayan llegado a ese país antes de cumplir los 16 años.

Los inmigrantes en esta condición también recibirán permisos de residencia válidos por dos años y de renovación ilimitada mediante los cuáles podrán obtener también permisos de trabajo.

Para ello, entre otros requisitos, deben estar cursando estudios de alguna índole, servido a las fuerzas armadas y no haber sido sentenciados por delitos mayores o faltas importantes ni representar amenaza alguna a la seguridad pública.

Se estima que podrán acogerse a esta iniciativa alrededor de 800 mil jóvenes, en su mayoría de origen latino y específicamente mexicano.

Al discutirse el resolutivo, la senadora Adriana González Carrillo, de Acción Nacional,  dijo que se trata de una medida en la dirección correcta y de “una decisión encomiable a la que nos corresponde dar la bienvenida”, “porque parece apartarse de la política de deportaciones masivas que ha caracterizado a la administración del presidente Obama”.

“Por supuesto --dijo-- que no podemos dejar de reconocer este esfuerzo de carácter temporal, como tampoco podemos dejar de insistir en la necesidad de alcanzar un reforma migratoria integral”, como fue el compromiso que asumió Obama en su campaña.

Por el PRI, el senador Carlos Jiménez Macías admitió que la medida es un paso para reconocer los derechos de los migrantes en Estados Unidos, pero es necesario “seguir insistiendo” en que la reforma migratoria “es inaplazable”.

“Reconocemos el derecho que cualquier país tiene para implementar las medidas migratorias que así considere convenientes”, dijo, pero la tarea pendiente es el respeto pleno a los derechos humanos.

A nombre del PRD, el diputado Víctor Manuel Castro Cosío señaló que el acuerdo del mandatario estadounidense “no escapa al ambiente electoral que vive aquel país”, sin embargo, celebramos la suspensión de las deportaciones de jóvenes indocumentados, porque ningún ser humano puede ser considerado como “ilegal”.

Consideró que a la decisión administrativa debe seguir el trabajo legislativo para conceder la amnistía y regularizar a millones de personas que viven y trabajan en Estados Unidos.

Para el senador Tomás Torres Mercado, del PVEM, el reconocimiento a la medida “debe ser cauteloso” porque con el país que tenemos el intercambio comercial más importante, las personas “no tienen la misma condición ni es mismo tratamiento”.

Dijo que el Estado mexicano debe pronunciarse por una agenda en materia migratoria, que incluya seguridad fronteriza y fondos para desarrollo.

En tanto, el senador Julián Güitrón Fuentevilla, de Movimiento Ciudadano, coincidió en la necesidad de tomar con cautela el reconocimiento, pues puede ser una medida para aumentar la votación a favor de un partido en México y Estados Unidos.

Sin embargo, apuntó que la llamada Dream Act “es un acto de elemental justicia para los jóvenes que en busca de un mejor destino emigran a ese país con la clara intención de estudiar y prepararse en alguna de sus universidades”.

A su vez, el senador petista Ricardo Monreal Ávila destacó que aunque es encomiable el anunció del presidente Obama también “es un acto electorero”.

Además, señaló, el problema de los migrantes es grave y la política exterior de México ha sido poco solidaria para exigir respeto a sus derechos humanos.


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