Número-1664
- Presentan en la antigua sede del Senado el análisis y evaluación del informe 2015, en esta materia.
El delito de trata de personas avanza vertiginosamente en el país, donde la delincuencia organizada ha encontrado nuevas formas y métodos para el reclutamiento de jóvenes y sus diversas maneras de explotación, señaló la senadora Adriana Dávila Fernández.
La presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas consideró de grave que para el combate de este delito no se tomen en cuenta los análisis y diagnósticos de instancias nacionales e internacionales, así como los reportes de países que comparten este fenómeno transnacional con México.
Durante la presentación del Análisis y Evaluación del Informe 2015 en esta materia, al que asistieron las senadoras Angélica de la Peña, del Grupo Parlamentario del PRD y Cristina Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI, destacó que de acuerdo a las denuncias por este tipo de ilícitos se identificaron un total de 439 víctimas.
Sostuvo que en el Informe de la Comisión Intersecretaríal reportó 2 mil 13 víctimas, la Secretaría de Gobernación (Segob) 2 mil 115, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) 460 y el resumen del Informe de la Comisión Intersecretarial registra 6 mil 655 víctimas.
En el evento que se llevó a cabo en la antigua sede del Senado, la senadora del PAN resaltó la necesidad de que todas las instancias involucradas en combatir este flagelo, colaboren de manera integral para enfrentar este delito, lo mismo desde el ámbito Legislativo, así como del Ejecutivo y Judicial.
La senadora Dávila lamentó que el combate de este delito sea sólo una simulación por parte de las autoridades, tanto federales como estatales, según se concluye de este análisis, ya que se evidencian omisiones, falsedades o mentiras en las cifras para cubrir sus deficiencias en la persecusión, procuración y atención.
En el evento también estuvieron presentes el doctor Edgar Corzo Sosa, visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Gloria Garza Jímenez, representante del gobierno de Tamaulipas, y María Remedios Monroy Cruz, titular de la unidad de igualdad y derechos humanos del Poder Judicial del Estado de México, entre otros.
