Número-1629
- Solo San Luis Potosí y Durango tienen leyes sobre consulta y reconocen a los pueblos y comunidades indígenas.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Angélica de la Peña Gómez, afirmó que las comunidades indígenas del país están sufriendo los embates de la instalación de “megaproyectos”, sin haber sido consultados ni respetar sus derechos, lo que ha llevado a una terrible situación de desplazamiento forzoso a otras zonas.
Durante el conversatorio “El derecho a la consulta de pueblos y comunidades indígenas en México”, la senadora pidió un alto al maltrato de los pueblos originarios frente a la entrada a la modernidad, y destacó que sólo San Luis Potosí y Durango tienen leyes sobre consulta y reconocen a pueblos y comunidades indígenas, explícitamente, como sujetos de derechos.
El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, señaló que, según fuentes oficiales, hay miles de proyectos de concesiones otorgadas en territorios indígenas, muchas veces sin consulta o consentimiento de ellos, lo que lleva a un conflicto social entre las comunidades.
Destacó que en toda la América Latina los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas y los defensores de la tierra son los más amenazados; y señaló que se ha visto en varios países de la región, incluso en México, asesinatos de estos luchadores sociales.
La directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales A.C (ProDESC), Alejandra Ancheita, subrayó que ante la aprobación de la reforma energética y la expansión de este modelo de desarrollo, a través de la generación de “megaproyectos” y de Zonas Económicas Especiales, es necesario poner nuevamente sobre la mesa la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que enuncia de manera muy clara el derecho a la consulta, al consentimiento libre, previo e informado.
El director técnico del Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C (CEMDA), Xavier Martínez, mencionó que en los procesos de consulta se ha visto la buena fe y disposición de los pueblos indígenas al diálogo, pero existe incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad y la libertad de la consulta, así como para cumplir los acuerdos y lo ordenado en los fallos judiciales.
La representante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), Isabel Jiménez, destacó que después de la consulta para la instalación de un parque eólico en Juchitán, Oaxaca se han incrementado los hostigamientos, y lo que se ha hecho es dividir y confrontar a las comunidades, y ya no se ven como hermanos, sino como enemigos.
El oficial de los Derechos Humanos, Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Tom Haeck, mencionó que el debate demuestra una necesidad de empezar el diálogo con los diferentes pueblos indígenas, sobre cómo se les puede consultar, identificar las comunidades, a sus líderes para concretar una ley.
En el conversatorio también participaron Leydy Pech, colectivo apícola de Los Chenes, Campeche; Sara Méndez coordinadora del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C; y Alberto Solís director de Servicios y Asesoría para la Paz A.C (SERAPAZ).
