Número-1448

  • Intercambia opiniones la Junta de Coordinación Política con integrantes del Consejo Académico Asesor del Archivo General de la Nación y académicos de la UNAM.

 

La Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo) se reunió con integrantes del Consejo Académico Asesor del Archivo General de la Nación y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a fin de intercambiar opiniones respecto a la iniciativa de la Ley General de Archivos.

 

El presidente de la Jucopo, senador Fernando Herrera Ávila, aseguró que existe disposición y voluntad en la Cámara de Senadores para sacar un dictamen en la materia, “por lo que hay que dar el último empujón”.

 

Estamos en la etapa final,  se requiere disposición, voluntad de quienes han seguido el proceso, algunos desde el terreno legislativo y, otros, desde el terreno de la opinión y de la aportación, para llegar a un punto común de acuerdo y al dictamen final, concluyó.

 

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Emilio Gamboa Patrón, destacó que esta ley beneficiará a México de manera muy importante, ya que impulsará el derecho de acceso a la información y a la historia del país, en manos de cualquier ciudadana o ciudadano.

 

Argumentó que en el Senado no hay mayorías, ningún partido la tiene, por lo que se han impulsado acuerdos muy importantes “y estamos preocupados y ocupados de sacar las mejores leyes que beneficien a las grandes mayorías del país”.

 

Nos llena de satisfacción escucharlos y tener a un grupo muy notable de académicos, historiadores, hombres y mujeres comprometidas con el país, en este tema de especial importancia, puntualizó.

 

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, aseguró que existe dispersión y no se tiene un sistema; por ello, dijo, es necesario llevar a cabo la sistematización de todos los archivos, así como considerar un presupuesto que permita el pleno acceso a la transparencia y a la rendición de cuentas como un derecho humano.

 

Indicó que el hecho de que la Secretaría de Gobernación presida el Consejo Nacional y el AGN representa una oportunidad de coordinación institucional, para generar el interés de los titulares de toda la Administración Pública Federal y de las entidades federativas.

 

“No es ni será un control político, en virtud en que dichas facultades están debidamente delimitadas. Estamos en etapa de revisión, análisis e intercambio de posiciones sobre la iniciativa; podemos decir que estamos en la parte final para llegar a un dictamen y tenemos la convicción de que lograremos atender de manera sistematizada todas y cada una de las propuestas”, remarcó.

 

La senadora del Grupo Parlamentario del PAN, Laura Rojas Hernández, dijo que existe un consenso para contar con un sistema nacional de archivos como mecanismo que permita consolidar la organización y administración de los archivos en los tres órdenes de gobierno y, con ello, fortalecer la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la preservación de la memoria.

 

Manifestó que la representación del Sistema Nacional de Archivos debe ser plural y contar con la participación de archivistas, historiadores, academia y organizaciones de la sociedad civil, y contar con un diseño institucional que blinde los lineamientos de la gestión documental e interferencias políticas.

 

Existe el mejor ánimo en los grupos parlamentarios de tener una buena ley, cerrar este ciclo con broche de oro, estamos a muy poco de acordar un buen dictamen, expresó la senadora.

 

La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Dolores Padierna Luna, dijo que la ley es una deuda pendiente con la sociedad mexicana; la legislación tiene la obligación de preservar la integridad de los documentos, evitando en todo momento la alteración de datos.

 

Debemos trabajar por una ley que preserve y garantice los derechos, a través de la conservación del archivo histórico, por lo cual se tienen que adoptar medidas para que formen parte del patrimonio documental y prevalezca el interés general, apuntó.

 

El coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas, reconoció que se tiene el compromiso de construir la mejor pieza legislativa posible para nuestro país, entendiendo lo que se requiere y deba de quedar escrito en Ley, pero también de lo que sea aterrizable en el México actual.

 

Los legisladores de su fracción, apuntó, tienen el compromiso de poder construir la mejor Ley General de Archivos, para que verdaderamente logremos proteger esa memoria histórica de nuestro país, con base en las opiniones de ustedes para poderlo llevar al análisis final.

 

En tanto, Manuel Bartlett Díaz, coordinador del Grupo Parlamentario del PT, expresó que el tema está en una situación de desastre, ya que existe un abandono que se ha dejado a un nivel burocrático.

 

El AGN cuenta con fondos que no tienen recursos, lo que ha provocado que los archivos se encuentren amontonados y sometidos al paso del tiempo, sin que hayan sido clasificados.

 

La senadora del PAN, Sonia Mendoza Díaz, señaló que para su grupo parlamentario este ha sido un tema prioritario en materia de transparencia, rendición de cuentas, cuidado de datos personales y archivo histórico.

 

“Haremos la mejor ley que garantice a los ciudadanos tener un acceso importante a este archivo histórico”, finalizó.

 

Mauricio Merino Huerta, presidente del Consejo Académico, aseguró que la situación de los archivos en México ha sido calificada como un auténtico desastre, a nivel federal, estatal y municipal. Resaltó que existe preocupación del Consejo de que no haya una valoración suficiente sobre la necesidad de desvincular el control político de la memoria histórica de México.

 

Dijo que les preocupa la dependencia del Archivo General de la Nación (AGN) de la Secretaría de Gobernación: “consideramos que este debe ser un órgano desconcentrado, que tenga plenas cualidades, facultades técnicas, para establecer las técnicas de archivística que este país necesita”.

 

Insistió en que es fundamental garantizar y salvaguardar plenamente estos documentos, sin ningún riesgo de “contaminación política”.

 

Indicó que el AGN atraviesa por una crisis presupuestaria muy seria, y trabaja de una manera muy “precaria”; de no contar con los recursos suficientes, la memoria histórica y documental de México está en riego.

 

Subrayó que también es necesario revisar la forma en que la iniciativa propone la integración de grupos interdisciplinarios, “consideramos que en realidad son grupos de personas que forman parte de las burocracias, que estarán más preocupados por salvaguardar sus espacios de autoridad, que por cuidar la memoria histórica del país”.

 

Los archivos son la base de la gestión documental del país, sin la cual no habría posibilidad de conservar la memoria histórica, por ello, la ley debe protegerla, así como la posibilidad de dar cabida al pleno cumplimiento del acceso a la información, concluyó.

 

En la reunión participaron,  el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, José Octavio Nateras Domínguez; el coordinador de Humanidades de la UNAM, Alberto Vital; la directora del Instituto de Investigaciones Históricas, Ana Carolina Ibarra; la presidenta de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas, Belem Oviedo Gámez, y el profesor de El Colegio de México, Gabriel Torres; entre otros.

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