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Por unanimidad, el Senado de la República aprobó expedir la Ley General de Víctimas, que obliga al Estado mexicano a velar por la protección de las personas que hayan sido víctimas del delito o de violación a sus derechos humanos.
Con 94 votos, los senadores avalaron la creación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, con la finalidad de otorgar a las víctimas una indemnización de hasta quinientas veces el salario mínimo mensual en el Distrito Federal, que se cubrirá de manera subsidiaria.
Los recursos del Fondo serán previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, estarán administrados y operados por medio de un fideicomiso público que no será entidad paraestatal y no contará con estructura orgánica.
El objetivo de esta nueva ley es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los referentes al de asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral.
De igual forma, busca la restitución de los derechos violados, así como la debida diligencia, no repetición y todos los demás derechos consagrados en la Constitución y tratados internacionales en la materia de los que México es parte.
Para ello, los senadores instituyeron el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que será la máxima instancia en la materia y tendrá como prioridades establecer, regular y supervisar las directrices, planes, programas, proyectos, acciones y demás políticas públicas que se implementan para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral del daño.
Dicho órgano estará conformado por todas las entidades públicas federales, estatales, municipales, por organismos autónomos y demás organizaciones públicas o privadas encargadas de la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia.
Contará con una Comisión Ejecutiva que será la encargada de permitir la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil en todas las instituciones de este Sistema.
Además, concederá la intervención de las víctimas en la gestión y construcción de políticas públicas, así como en la vigilancia, supervisión y evaluación del Sistema.
Por otro lado, se crea el Registro Nacional de Víctimas como un mecanismo administrativo y técnico que rastreará todo proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema.
El nuevo ordenamiento contempla medidas como la reparación integral del daño, restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral, y simbólica.
Además, establece que cada una de esas acciones se aplicarán a favor de la víctima, al tomar en cuenta la gravedad y magnitud del hecho cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del evento.
Con ello, se obliga a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a los poderes de la Unión y a cualquier oficina, dependencia, organismo o institución pública o privada a velar por la protección de las víctimas, proporcionarles ayuda y asistencia.
Denomina como víctimas a aquellas personas que directamente hayan sufrido daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o que esté en peligro como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos
En la ley se plasma el concepto de dignidad humana para indicar que es un valor, principio y derecho fundamental, que implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de particulares.
De igual forma, se garantiza el derecho a la verdad histórica de los hechos y el ejercicio pleno de éste, por lo que el Estado podrá generar mecanismos para la investigación independiente imparcial y competente.
Los legisladores dejaron en claro que las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima, ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie, y además no podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva.
Por ello, establecieron el derecho de las víctimas a participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición y a que se garantice su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de amenaza, intimidación y represalia.
En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos podrán solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que asesore a las autoridades competentes sobre la investigación y la realización de peritajes.
Adicionalmente, las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar también que grupos de expertos revisen, informen y lleven a acabo recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas.
Previó a su aprobación, los senadores guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas registradas en la lucha contra el crimen organizado.
Al fundamentar el dictamen, el senador Jesús Murillo Karam destacó que esta Ley generará un precedente a nivel internacional, pues en ella se establece la obligación del Estado para atender a las víctimas del delito y la forma para reparar el daño causado por su ineficacia para prevenir la violación de los derechos humanos.
Reconoció que el nuevo ordenamiento “nace del sentimiento brutal” que padecen las personas cuando, por ejemplo, sufren la desaparición de un familiar por secuestro y no existe la capacidad para decirle con certeza que cuenta con un Estado que va a responderle para que ese tipo de delitos no se cometan.
Por eso, enfatizó el presidente de la Comisión de Gobernación, la Ley obliga al Estado a actuar previamente para evitar la victimización y ese sentimiento de impunidad, de dolor y de incapacidad que se genera en las personas que han sufrido un delito.
En su turno, el senador panista Fernando Elizondo Barragán subrayó que por muchos años en México la víctima fue “un personaje secundario en los casos criminales y penales”, porque lo importante en un régimen autoritario y paternalista era el reconocimiento vertical de la autoridad del gobierno, así como la obediencia a las leyes.
Recordó que fue con las reformas al sistema de justica penal y en materia de derechos humanos, recientemente aprobadas, cuando se determinó que la víctima sí debe ser un personaje central en los procesos relativos a la comisión de delitos.
De esta manera --puntualizó-- la Ley General representa la continuidad de este esfuerzo para que nuestro país se coloque a la altura de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
A nombre del PRI, el senador Fernando Baeza Meléndez resaltó que este órgano del Congreso se planteó “una ley para rescatar la memoria, identidad y dignidad de las víctimas y de sus familiares”, así como para saber quiénes son los responsables de los delitos y combatir la impunidad.
Con el esfuerzo y consenso de las diversas fracciones parlamentarias, de aportaciones de especialistas y la exposición de experiencias de las víctimas, agregó, se logró una Ley General que “el país necesita para recuperarse estos años de dolor y sangre”.
El senador perredista Pablo Gómez Álvarez manifestó que con esta legislación se declara al Estado como “corresponsable de atentados contra la vida, la seguridad y la propiedad de las personas” y se otorgan las garantías suficientes para proteger los derechos de las víctimas.
Expresó que junto con la reforma en materia de derechos humanos, esta Ley forma parte de las acciones que buscan “contrarrestar las tendencias hacia un Estado policiaco, por lo que reivindica los derechos humanos”.
Por ello, contrasta con las leyes que proponen aumentar las penas como forma de combatir los delitos, hacerlos graves sin derecho a fianza y ubicarlos en la Ley contra la Delincuencia Organizada.
A su vez, Carlos Sotelo García expresó que “hoy venimos a votar una ley que en verdad no debió haberse formulado, ya que refleja el profundo fracaso de la consigna política más importante del gobierno de Felipe Calderón, y no debió haberse formulado esta ley porque nuestro país no merecía la muerte de más de 60 mil ciudadanas y ciudadanos”.
El senador del PRD subrayó que celebrar esta ley es “doloroso y dramático” porque por un lado se aplaude que se cumple la palabra empeñada y por otro es “terrible tener que promulgar una ley de víctimas en un país que oficialmente no está en guerra”.
En opinión del senador del PVEM, Tomás Torres Mercado, con la aprobación del dictamen se pueden sentar las bases para reconstruir el tejido social “tan gravemente afectado por la violencia”, pero no es suficiente para modificar esta realidad “si no existe voluntad política los actores fundamentales”.
Consideró que se trata de un paso en la dirección correcta”, porque con “un sistema que no ha mostrado eficacia en la investigación, procuración y administración de justicia”, las víctimas han sido olvidadas.
El senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del PRD, mencionó que con la aprobación de este dictamen el Senado de la República da un paso muy importante y una respuesta puntual a uno de los problemas con mayores dimensiones y proporciones que hoy vive nuestro país.
El senador perredista Rubén Velázquez López hizo un reconocimiento a la sociedad civil organizada y al Movimiento por la Paz con Justica y Dignidad quienes pese al dolor, la pena y la tristeza infinita han luchado valiente e incasablemente por un país mejor.
Por su parte, el senador Julián Güitrón Fuentevilla, de Movimiento Ciudadano, aseguró que el país está inmerso en un conflicto interno entre el gobierno y el crimen organizado, además de que el discurso y las acciones dominantes han definido una frontera errónea entre buenos y malos.
El dictamen se remitió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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