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La Cámara de Senadores reformó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a efecto de que el CONAPRED pueda imponer medidas administrativas y de responsabilidad en caso de incumplimiento de sus acuerdos.
Entre ellas, destacan el restablecimiento del derecho, compensación por el daño ocasionado, amonestación o disculpa pública o privada y garantía de no repetición del acto discriminatorio.
Asimismo, el pleno senatorial modificó la naturaleza jurídica del Consejo Nacional, a fin de que se le reconozca como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio que no esté sectorizado a la Secretaría de Gobernación.
Con esta reforma, se amplió el número de integrantes de la Junta de Gobierno de esa instancia para que tenga representantes tanto de instituciones de la administración pública federal como de la sociedad civil expertas en el tema.
Además, los senadores determinaron los requisitos que deberá cumplir la persona que presida el CONAPRED, cuyo nombramiento podrá ser objetado por el Senado, así como la ampliación de la duración de su encargo con la finalidad de otorgarle mayor legitimidad y continuidad a sus trabajos.
En el documento aprobado se señala que con ello se fortalece a esta institución, ya que la dota de atribuciones claras y de mayor autonomía, además de posicionarla como una institución clave del Poder Ejecutivo que hará efectivo el derecho a la no discriminación.
De igual forma, los legisladores incluyeron un apartado de medidas para la igualdad y acciones afirmativas a favor de las mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y para quienes pertenecen a pueblos y comunidades indígenas.
También, unificaron el procedimiento de queja y reclamación en uno sólo, a fin de facilitar el acceso a la justicia a las personas que consideren lesionado su derecho a la no discriminación.
De esta manera --señalaron-- el Consejo podrá imponer medidas administrativas o reparadoras a personas servidoras públicas o particulares.
Los senadores reconocieron la necesidad de fortalecer el marco legal en la materia, con la finalidad de que las instituciones y dependencias realicen sus funciones de manera eficaz en beneficio de la población más desprotegida, así como para cumplir con los compromisos internacionales que ha contraído México.
Consideraron que la prevención y combate de la discriminación es una tarea que requiere de mecanismos efectivos para reducir la problemática y que permita a los ciudadanos desarrollarse en un ambiente de igualdad con el pleno ejercicio de sus derechos.
Al fundamentar el dictamen, el senador priista Renán Cleominio Zoreda Novelo dijo que esta reforma busca garantizar una observancia más eficaz y respeto a todos los derechos derivados de la prohibición de prácticas discriminatorias.
Resaltó que las acciones discriminatorias entorpecen el proceso evolutivo de nuestra sociedad, “toda vez que se ha demostrado que en aquellas sociedades donde se carece de tolerancia, las minorías se ven golpeadas en un porcentaje mayor por estas prácticas”.
Por ello, se pronunció por luchar para erradicar las “falaces concesiones que sostienen que la discapacidad es incapacidad o más aún, una enfermedad, ya que la mayoría de las personas con discapacidades sí pueden trabajar, pueden jugar, pueden aprender y gozar de una vida saludable y plena”.
El dictamen se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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