Número-1200

  • Obliga al INE, OPLEs locales, partidos y agrupaciones políticas a establecer mecanismos para prevenir, atender y sancionar este delito.
  • El proyecto de decreto se aprobó con 90 votos a favor y se envió a la Cámara de Diputados.

 

La Cámara de Senadores aprobó un dictamen para prevenir, atender y sancionar la violencia política en razón de género, así como promover y proteger los derechos político-electorales de las mujeres.

 

El proyecto de decreto, que se aprobó con 90 votos a favor, incorpora a las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y en Materia de Delitos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación.

 

En el documento, se define a la violencia política en razón de género, como la acción u omisión que, en el ámbito político o público, limite, anule o menoscabe el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, así como su acceso al pleno ejercicio de su cargo o función del poder público.

 

El dictamen plantea que este tipo de agresión se manifiesta a través de presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas, privación de la libertad o de la vida.

 

También obliga al Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos y las Agrupaciones Políticas a establecer mecanismos para prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar este delito.

 

Con las reformas se prohíbe que, en la propaganda política o electoral de partidos políticos, coaliciones y candidatos, se utilicen expresiones que calumnien a las personas, las discriminen o constituyan violencia política en razón de género.

 

El dictamen, también sugiere el aumento de las penas hasta en una mitad, en los tipos penales señalados en las fracciones III, IV, VII y XVI del artículo 7, IV y VIII del artículo 8, y I y VI del artículo 9 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, cuando dichas conductas se cometan en perjuicio de una mujer que participe en política.

 

Es decir, entre otros supuestos, cuando se obstaculice o interfiera en el desarrollo normal de las votaciones, solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, altere los resultados electorales, ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato.

 

También busca asegurar la postulación efectiva de ambos géneros en la integración de los órganos de los partidos políticos, en la postulación de candidaturas y la distribución equitativa de todas las prerrogativas entre mujeres y hombres, de forma paritaria. Asimismo, garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales, locales y en la integración de ayuntamientos, en aquellas entidades federativas, en que la legislación así lo establezca.

 

La senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del PVEM, advirtió que “la violencia política es una de las más grandes injusticias que vivimos las mujeres” y afecta al conjunto de la misma sociedad, pues se le restringen sus derechos político-electorales al no permitir que su representante sea quien tome las decisiones y ejerza el cargo que le ha sido conferido por la ciudanía.

 

Para el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, senador Alejandro Encinas Rodríguez, se trata de “uno de los problemas más lamentables de nuestra vida política”, y pidió “cambios significativos” en instituciones públicas y partidos políticos para garantizar igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en el poder público.

 

La senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Angélica de la Peña Gómez, expresó que es un dictamen histórico, ya que busca prevenir, sancionar, erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de género; y sostuvo que “esta alcanza a todos los partidos, por ello es importante reformar las leyes”.

 

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Diva Hadamira Gastélum Bajo, expresó que es un día histórico para la democracia del país, ya que se busca sancionar, prevenir y resarcir la violencia política, “que es un delito que se comete todos los días en contra de las mujeres que buscan ejercer sus derechos”.

 

La senadora del Grupo Parlamentario del PAN, Martha Elena García Gómez, consideró que con las normas para revertir la violencia política el Senado cumple con el respeto de los derechos de las mujeres, plasmados en el marco legal contenido en la Constitución, y con los acuerdos internacionales firmados por México, como la Convención sobre la Eliminación Sobre Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, entre otros.

 

Lucero Saldaña Pérez, senadora del Grupo Parlamentario del PRI, subrayó que existen 159 casos de violencia política registrados oficialmente hasta enero de 2017, que exigen la acción del Senado, pues implican “latigazos, golpes, amenazas, estereotipos, hasta el homicidio; actos que se han documentado y puesto en evidencia, para mostrar a todos aquellos que nos cuestionan qué es la violencia política de género”.

 

La senadora independiente Martha Tagle Martínez dijo que la violencia política no discrimina a ninguna mujer y afecta a todas. Es un fenómeno, agregó, que impide en los hechos que las mujeres podamos ejercer libre y plenamente nuestros derechos políticos-electorales.

 

El senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del PRD, lamentó que sólo se apliquen sanciones administrativas a aquellas personas que ejerzan la violencia política; debe haber castigos ejemplares para que esas conductas no se repitan, expresó.

 

Ernesto Cordero Arroyo, senador del Grupo Parlamentario del PAN, reconoció el esfuerzo de las mujeres que han trabajado para reducir las diferencias en el acceso a puestos de elección y de decisiones públicas.

 

La senadora Yolanda de la Torre Valdez, del PRI, expresó: “las mujeres no debemos permitir ser víctimas de violencia, debemos ser capaces de denunciar las prácticas que atentan contra nuestra integridad”.

 

Mariana Gómez del Campo, senadora del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que estas reformas prevén la necesidad de promover y garantizar la formación de liderazgos políticos de mujeres, crear mecanismos que garanticen la protección a sus derechos político electorales, establecidos en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por nuestro país.

 

María del Pilar Ortega Martínez, también del PAN, dijo que este conjunto de reformas sobre diez iniciativas, planteadas por senadoras de distintos grupos parlamentarios, será una pieza fundamental en la lucha para lograr, cada vez más, un reconocimiento puntal a los derechos político electorales de las mujeres.

 

Luego de su aprobación en el Senado, el proyecto de decreto se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

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