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El Senado de la República aprobó este martes una minuta que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, a fin de otorgar estímulos fiscales a quienes realicen investigación científica y tecnológica, cuya aplicación disminuya la generación de emisiones contaminantes.
El Senado de la República aprobó este martes una minuta que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, a fin de otorgar estímulos fiscales a quienes realicen investigación científica y tecnológica, cuya aplicación disminuya la generación de emisiones contaminantes.
Asimismo, los senadores establecieron que el gobierno federal, los estados y municipios deberán fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, con el objetivo de preservar el equilibrio ecológico.
De igual forma, promoverán programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como preservar y proteger los ecosistemas
Para ello, podrán celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación del sector social o privado y con especialistas en la materia.
También, los legisladores incluyeron en la ley instrumentos económicos como mecanismos normativos, administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales se podrán asumir beneficios y costos ambientales que generen las actividades económicas.
Señalaron que el objetivo de esta enmienda es impulsar y apoyar la investigación en esta materia, a través del financiamiento de programas, proyectos, estudios, e innovación para la preservación del equilibrio ecológico.
Consideraron que esta reforma es congruente con el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo, que destaca la necesidad de generar procesos de innovación tecnológica para alcanzar una verdadera sustentabilidad ambiental.
Por ello, destacaron que es necesario dar continuidad y permanencia a los planes y programas en materia ambiental, con la finalidad de promover el conocimiento, la educación, investigación, desarrollo e innovación en el quehacer gubernamental.
El documento se envió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
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