Senado de la República

• La envía a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis.

El Senado de la República recibió este martes una minuta de la Cámara de Diputados que reforma los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal, a fin de castigar hasta con tres años de prisión a aquellos conductores que causen algún accidente o daño al utilizar el teléfono celular.

También, se impondrá prisión hasta por tres años, y hasta 30 días de multa y suspensión o pérdida del derecho a usar la licencia de conductor de automotores, al que en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes cometa alguna infracción a los reglamentos de tránsito, independientemente de la sanción que le corresponda si causa daño a las personas o patrimonio.

En el documento aprobado por la colegisladora, se menciona que cada año fallecen en México más de 16 mil personas en percances viales, de los cuales, 90 por ciento pudieron evitarse. Este tipo de accidentes, se agrega, representan la primera causa de muerte entre niños y jóvenes de 5 a 29 años y, la segunda, de discapacidad permanente, además, es el primer motivo de orfandad. 

Se indica que según datos de la Cruz Roja Mexicana, el utilizar el teléfono celular y, sobre todo, escribir mensajes de texto al conducir, ha desplazado a la ingesta de alcohol como la primera causa de accidentes viales.

Las personas que utilizan el teléfono celular mientras conducen, corren un riesgo aproximadamente cuatro veces mayor de verse involucrados en un accidente. En tanto, un conductor que acostumbra enviar mensajes de texto tiene 23 veces más probabilidades de verse involucrado en un choque que alguien que no lo hace.

Ante este escenario, los diputados consideraron indispensable legislar en esta materia, con el objetivo de “lograr la disuasión de los individuos manejadores, lograr la prevención en la realización de esta conducta y proteger con esto el bien jurídico tutelado, que es la integridad física, así como la vida de las personas”.

La minuta se envió a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.