Número-1093
- Plantean que beneficios para repatriados sean extensibles para estudiantes mexicanos.
- Piden facilitar trámites administrativos en el sistema educativo nacional para agilizar inserción laboral.
Representantes de organizaciones, de instituciones de educación superior y rectores de universidades coincidieron en la necesidad de consolidar una política integral y plural que genere oportunidades de desarrollo, que vaya más allá de la coyuntura migratoria, de estudiantes mexicanos repatriados por el gobierno de Estados Unidos.
En el marco de las Audiencias Públicas para el análisis de la iniciativa preferente, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, Jaime Valls Esponda dijo que se deben generar oportunidades para los estudiantes que retornan al país y puedan satisfacer sus necesidades académicas, científicas, sociales y culturales.
El secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) adelantó que en breve emitirán la convocatoria para iniciar el Programa Universitario Emergente Nacional para la Terminación de Estudios Superiores (PUENTES) en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), para facilitar el ingreso al sistema educativo nacional de estudiantes mexicanos que viven y estudian en Estados Unidos.
El secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), Rodrigo Guerra Botello, manifestó que los cambios a la ley deben ser extensibles a aquellos deportados en administraciones anteriores a la de Donald Trump, pues ellos también solicitarán el mismo trato para la revalidación de sus estudios.
Señaló que se requiere de una estrategia plural para atender la demanda, por lo que la Federación lanzará en próximas fechas una página web para dar a conocer la oferta educativa de las 180 universidades que hay en el país.
La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, manifestó que la estrategia debe ir más allá de la emergencia coyuntural que representa la política migratoria, ésta debe ser vinculante, intersecretarial e interinstitucional.
Comentó que hace falta establecer una política de simplificación administrativa, que permita la inserción laboral de los profesionales que obtuvieron grados académicos en el extranjero; por ello, apunó, se debe acompañar la ley con una estrategia para su armonización de fusiones y competencias de autoridades y universidades.
José Alfonso Esparza, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), sugirió incorporar un párrafo para otorgar a las instituciones de educación superior la libertad para determinar los criterios para sustentar la equiparación, conforme a criterios académicos.
Además, las instituciones deben impartir cursos de inducción y español, generar un ambiente adecuado de multiculturalidad y crear una “partida” especial para contratar académicos en las universidades que reciban a estudiantes repatriados.
Bernardo González Aréchiga, rector de la Universidad del Valle de México (UVM), planteó ampliar la propuesta de revalidación, pues se habla de 550 mil estudiantes en Estados Unidos, que llegarían al país con el retorno de tres millones de migrantes; sin embargo, entre éstos se encuentran personas que ya estudiaron y requieren el reconocimiento de sus acreditaciones en licenciatura, posgrado y a nivel técnico.
En este sentido, se debe incluir en el beneficio de ingreso al sistema educativo, aún sin presentar documentos oficiales, a las “personas de grupos sociales en situación de vulnerabilidad”, pues de esta forma no se limita únicamente a menores de edad, sino a los adultos que aún estudian o ya tienen acreditados sus estudios, acotó.
Por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Hiram Raúl Piña Libien, se pronunció porque la ANUIES convoque a los rectores y autoridades legales a analizar las normas de cada institución, a fin de que se conforme un cuerpo normativo a nivel nacional en cuanto a la ratificación de estudios.
Si bien las universidades son autónomas en cuanto a sus reglas de operación de su academia y el ejercicio del derecho a la educación, en la revalidación de estudios debe haber una integración de lineamientos en todo el país, sostuvo.
En representación de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Mónica González Contró, se sumó a la petición de establecer lineamientos estrictos, en cuanto a la autorización de universidades para conceder revalidaciones o equivalencias parciales de estudios, a fin de no poner en riesgo la calidad en la educación, en todos los niveles.
Propuso que la SEP, en una estrecha coordinación con las autoridades estatales, supervise la calidad de las instituciones que pretendan ser autorizadas, y se cuenten con lineamientos que señalen con claridad cuáles contarán realmente con la facultad para revalidar estudios.
El rector de la Universidad Anáhuac de México, Cipriano Sánchez García, convocó a las instituciones de educación superior a aportar propuestas concretas y viables a la Iniciativa Preferente, así como al Acuerdo 286, pues no se trata de resolver un problema transitorio, sino de establecer un mecanismo de revalidación y equivalencia de estudios que permita el desarrollo de los connacionales en retorno y de los que siempre han vivido en el país.
Consideró que es necesario hacer ajustes al establecer prioridades, como que las universidades emprendan primero, la validez de estudios y, posteriormente, se realice el registro ante la SEP, pues en la ley se prevé a la inversa y esto puede obstaculizar que fluya con claridad la inclusión de los migrantes al sistema educativo.
El rector de la Universidad La Salle Bajío, Andrés Govela Gutiérrez, secundó las peticiones para que sea más juicioso al concederse las facultades de revalidación, en especial en cuanto al reconocimiento de cédulas profesionales para el ejercicio de profesiones de alta sensibilidad, como las relacionadas a la salud y el derecho, entre otras.
Llamó a las autoridades de educación superior a emprender un trabajo conjunto con el Congreso y el Ejecutivo, “pues es una gran oportunidad para demostrarnos cómo juntos podemos resolver una necesidad específica, sin dejar de reconocer que nos queda el reto de atender una cobertura de los que ya viven en nuestro país”.
El director del Centro del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, resaltó la importancia de contar con una política pública integral que facilite el acceso educativo a estudiantes provenientes de Estados Unidos y de los que desarrollan sus estudios en territorio nacional.
Recordó que en el mandato del ex presidente Barack Obama fueron deportados tres millones de migrantes y se espera que el panorama empeorará para los próximos años.
De la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Carlos Payán Figueroa, dijo que además de hacer frente a la emergencia, se puede aprovechar la coyuntura para impulsar la movilidad y equidad en la política nacional.
La equiparación adquiere una acción innovadora y facilitadora; por ello, dijo, se requiere establecer con claridad los criterios de reconocimientos de validez oficial, para que se otorguen a instituciones de calidad.
El subsecretario de Educación Superior de la SEP, Salvador Jara Guerrero, dijo que se tiene que fijar de forma clara los criterios de revalidación, ya que hay actividades en México que no requieren de un papel académico, como ejemplo la carpintería.
O bien, hay instituciones mexicanas que otorgan grados académicos sin que los estudiantes presenten títulos universitarios o que hayan cursado nivel medio superior, tal es el caso del Cinvestav donde se han otorgado grado de doctorado.
En esta audiencia participaron el presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks; y los senadores Luisa María Calderón Hinojosa, del PAN; Raúl Morón Orozco, del PRD; y la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del PRI.
