A fin de erradicar las prácticas de discriminación que aún persisten en el país, la senadora del PRI, Hilda Ceballos Llerenas, propuso una iniciativa que contempla hasta seis años de cárcel y sanciones administrativas en contra de todas aquellas personas que nieguen o limiten los derechos de los migrantes y los que incurran en actitudes de xenofobia y estigmatización, entre otros.
Ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora del PRI explicó que su iniciativa, que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, propone aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, religión, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas.
“Estas sanciones se aplicarán a quienes realicen las siguientes conductas: Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho; niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo, o límite un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo; restrinja derechos educativos, niegue o limite la reparación de daños a las víctimas por violación a los derechos humanos, niegue o restrinja el acceso a un trabajo digno por razones basadas en la edad de los trabajadores, particularmente cuando sean jóvenes o adultos mayores; o separe de su fuente de empleo por razones de ideología política, orientación sexual, discapacidad o enfermedad; niegue o limite los derechos de las personas por su condición de migrante, niegue o restrinja derechos a las personas por su lugar de origen o condición étnica; promueva o instigue a la realización de comportamientos constitutivos de hostigamiento o violencia, orientados a causar daños físico o moral a una persona, grupos de personas, comunidades y pueblos, así como el desplazamiento de su lugar de origen”, indicó.
En lo que se refiere a los funcionarios públicos que nieguen o retarden a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho, la prouesta de Hilda Ceballos establece que serán sancionados hasta con seis años de cárcel, y además se les impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.
“Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por persona con la que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad. Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos discriminatorios limiten el acceso a las garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los derechos humanos. Este delito se perseguirá por querella”, abundó.
