Número-691
- No se militarizan los puertos del país, reconocen senadores.
- El dictamen se envió a la Cámara de Diputados para su análisis.
En la sesión de este día, el Senado de la República aprobó, con 62 votos a favor y 13 en contra, el dictamen por el que se reforman las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos, y de Puertos, cuyo propósito es reorganizar la autoridad marítima nacional.
El propósito del dictamen, que se remitió a la Cámara de Diputados, es reorganizar las funciones y facultades de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Marina (Semar), para cumplir compromisos a nivel nacional e internacional, con las leyes de puertos, navegación y comercio marítimo, y para reforzar la seguridad en los puertos y costas del país.
La reforma pretende actualizar diversos ordenamientos jurídicos para dar cumplimiento a los objetivos y metas que se han planteado la Semar y la SCT, a fin de que cuenten con instrumentos que les otorguen certeza jurídica para desempeñar de mejor manera sus atribuciones, facultades y obligaciones encomendadas en el rubro marítimo y portuario.
En el texto del dictamen se precisa que, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Semar es una dependencia de la Administración Pública Federal y, por lo tanto, en el ámbito administrativo le corresponde ejercer la soberanía en el mar territorial, espacio aéreo y costas del territorio; la vigilancia de las zonas marinas mexicanas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias, y las medidas y competencias que le otorguen los ordenamientos legales y los instrumentos internacionales de los que México sea parte, en la Zona Contigua y en la Zona Económica Exclusiva.
Además, le corresponde ejercer la autoridad en las zonas marinas mexicanas en materia de cumplimento del orden jurídico nacional; búsqueda y rescate para la salvaguarda de la vida humana en la mar; vertimiento de desechos y otras materias al mar distintas al de aguas residuales, y protección marítima y portuaria, en coordinación con la SCT, en los términos que fijan los tratados internacionales y las leyes de la materia.
La Semar también está encargada de organizar, administrar y preparar la Armada, institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país de conformidad con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Armada de México.
El dictamen destaca que por determinación del Congreso, la Armada de México como institución del Estado mexicano, forma tan sólo una parte de la Secretaría de Marina, la cual regula su actuación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Armada de México; en tanto que la dependencia ejerce sus funciones mediante el Reglamento Interior de la Secretaría de Marina, que regula el contenido del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Agrega que la Semar y la Armada de México son entes diferentes y que la organización, administración y preparación del instituto armado constituye una de las diversas atribuciones con que cuenta la Semar en el rubro marítimo; por lo que la transferencia de las atribuciones en materia de marina mercante, se harían a la Semar como dependencia de naturaleza administrativa y por lo tanto, civil, y no a la Armada de México, institución de naturaleza militar.
En el texto del dictamen además se expone que debido a las modificaciones constantes a los instrumentos emitidos por la Organización Marítima Internacional, como las reformas al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS/74) y al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL73/78), entre otros, es necesario que el Estado mexicano armonice su legislación en materia marítima.
Al presentar el dictamen, el senador Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, precisó que el corazón de la reforma es transferir la operación de las 110 capitanías de puerto que hay en el país, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina; no obstante, los temas económico, comercial y marina mercante, continuarán bajo la administración y coordinación de la SCT.
No se militarizan los puertos del país, ni se transfiere la operación de capitanías de puerto, es sólo en términos de seguridad; no implica presupuesto adicional alguno, ni los trabajadores perderán su empleo o derechos laborales y demás prestaciones, y no afecta el comercio y actividades portuarias, marina mercante ni operación de las administraciones portuarias integrales (APIS).
El senador Lozano Alarcón agregó que habrá más control y seguridad en los puertos y costas mexicanas, atribución de la Semar, y advirtió que no hay contradicción con el artículo 129 constitucional.
En este sentido, subrayó que las atribuciones en materia de seguridad nacional y pública de la Semar en otros ordenamientos no se tocan, pero al ser la Marina Armada de México, una cosa es la parte de fuerzas federales, como Armada de México y otra es la parte civil, por lo que las capitanías de puertos quedarán en la Dirección General de Asuntos Marítimos que depende de la Subsecretaría de Marina con personal civil.
El titular de la Comisión de Marina, Ricardo Barroso Agramont, destacó con este dictamen se beneficia al Estado mexicano, se fortalece el Estado de Derecho, el cumplimiento de los instrumentos internacionales, acuerdos regionales y de la legislación nacional en concordancia con la política gubernamental para mostrar a México como actor con responsabilidad global.
Este dictamen, agregó, no modifica el modelo actual de la administración portuaria, el fomento y desarrollo portuario; el control y capacitación de la marina mercante; las obras marítimo portuarias y de dragado, el desarrollo de la industria marítima y, en general, toda actividad productiva de negocios y generadora de recursos económicos que permanece bajo la coordinación y supervisión de la SCT.
El senador del PRI, precisó que las capitanías de puerto serán administradas y operadas por la Dirección General de Asuntos Marítimos de la Subsecretaría de Marina, en la que labora personal civil, con lo que se fortalecen las capitanías de puertos con los medios operativos necesarios para supervisión, inspección vigilancia y capacidad de sanción bajo un marco legal que garantiza el ejercicio de autoridad en materia de protección y seguridad marítimo portuaria del país sin que implique un presupuesto o gasto adicional.
Además, dijo, se evitarán confusiones y vacíos de autoridad ante la comunidad marítimo nacional, pues a través de estos, se sirve la delincuencia y el crimen organizado para hacer y vulnerar el Estado mexicano.
El senador del Grupo Parlamentario del PRI, Raúl Aarón Pozos Lanz, destacó que es a través de los puertos que se generan empleos, una gran actividad turística, riqueza de ecosistemas, por lo que subrayó que la propuesta del Ejecutivo está encaminada a proteger el funcionamiento de este importante sector.
Indicó que la iniciativa busca proteger y hacer eficiente el funcionamiento del sector e indicó que con este proceso se cumplen con los estándares establecidos a nivel internacional y con los lineamientos que establece la Organización Marítima Internacional, además, abundó, no habrá afectaciones a los derechos laborales de los trabajadores de la Secretaría de Marina, pero lo más importante, subrayó, es que se va a estar en mejores posibilidades de proteger nuestra nación y preservar la soberanía nacional.
La senadora Hilda Ceballos Llerenas, del PRI, destacó que la reforma fortalece y coadyuva al desarrollo del sistema marítimo y portuario. La legisladora también reiteró su reconocimiento a la Armada de México “quienes han cuidado la seguridad de nuestro país, de nuestras familias y conciudadanos”.
El senador del Grupo Parlamentario del PAN, Francisco Salvador López Brito, al fijar su postura en contra del dictamen, expresó que en la iniciativa del Ejecutivo hay situaciones contradictorias, pues explicó que la seguridad de los puertos no recae únicamente de las capitanías, sino que es un trabajo integral entre aduanas, migración, las secretarías de Salud, Comunicaciones y Transportes y de Marina Armada de México.
Esta última ya tiene una importante participación en la vigilancia y seguridad de los puertos, por lo que el aspecto de seguridad ya está cumplido, por lo que confió en que este proceso no complique el desarrollo y crecimiento de los puertos e indicó que si el problema es el crimen organizado, se debe de ajustar a Aduanas, Salud y a la misma Armada de México para que cumplan con su función a cabalidad para tener puertos y litorales seguros.
Jorge Luis Lavalle Maury, senador del Grupo Parlamentario del PAN, aclaró que el dictamen tiene la finalidad de “separar de manera acertada las actividades que son inherentes a los puertos nacionales: por un la seguridad y por otro la administración y el desarrollo portuario.
En contra del dictamen, el coordinador del Grupo Parlamentario del PT, senador Manuel Bartlett Díaz, aseguró que la reforma es, sin duda alguna, “la militarización de todos los puertos del país”, pues se entrega a la Secretaría de Marina Armada de México su control.
Se continúa la militarización con el establecimiento de nuevas leyes para permitir que el Ejercito mexicano se mantenga ocupando al propio país, “están jugando con fuego y ustedes los están ayudando”, puntualizó. La ocupación militar de los puertos, dijo, es una instrucción de Estados Unidos; a través de las fuerzas armadas militarizan todo el continente porque así garantizan sus inversiones y el manejo de sus negocios en México.
En el mismo sentido, su compañera de bancada, senadora Layda Sansores San Román dijo que esta reforma es una puñalada por la espalda al país y a la marina mercante porque éstos son eficaces, eficientes y son la organización más prestigiada de América Latina.
Criticó que se entregue el control de más de 100 puertos a la Marina y que las áreas productivas estratégicas queden bajo el mando de los militares. “Hoy se les da mayor poder económico, y se les convierte en otro poder fáctico, subordinando el poder civil al poder militar”, sostuvo.
En contra del dictamen, el senador independiente Manuel Cárdenas Fonseca afirmó que el dictamen viola la Constitución, genera dos autoridades responsables en la misma materia y deteriora la estructura jurídica del país, al regular a través de una ley y no, a nivel constitucional.
Manifestó que el dictamen parte de premisas falsas, porque plantea una indebida estructura del gasto y desconoce las actividades de las más de 15 organizaciones que se han encargado de la seguridad y protección marítima, y “que no han dado tantos problemas”.
El dictamen corresponde a una propuesta enviada por el Ejecutivo Federal al Senado de la República, en marzo de este año.
