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El Senado de la República modificó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a fin de que los órganos públicos y las autoridades federales implementen un programa de inclusión laboral e integren progresivamente y en proporción real a las personas con discapacidad.
Dicho programa, se precisa en el dictamen, deberá garantizar un mínimo del dos por ciento de la planta laboral de los organismos públicos para este sector, bajo la normatividad relativa al ingreso, permanencia, organización, funcionamiento y desarrollo de los trabajadores.
La implementación de estas medidas, consideraron los legisladores, “no constituirían gran esfuerzo para México toda vez que, de acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nuestro país ocupa el segundo lugar con mayores niveles de empleo para personas con discapacidad.
Sin embargo, aclararon, “dicha distinción no puede significar en modo alguno que hayamos llegado a un tope, pues por el contrario, queda mucho por hacer” en esta materia, pues el mayor número de empleados con esta características se centra sólo en unas cuantas dependencias.
Por ello, la reforma es más ambiciosa al establecer que todas las dependencias deberán emplear un porcentaje mínimo de su nómina a personas con algún tipo de discapacidad.
En ese sentido, los senadores también advirtieron que este sector no tiene la misma posibilidad de ejercer sus derechos como el resto de la población, pues las barreras de actitud y del entorno físico evitan que su participación sea plena y efectiva, sobre todo por las pocas o nulas oportunidades para que se incorporen al mercado laboral.
“Las exclusiones y segregaciones hacía las personas con discapacidad no derivan principalmente de las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de las personas, sino de las barreras sociales y el entorno físico, que ocasionan la violación a los derechos y libertades fundamentales”, expresaron.
El dictamen se validó con 81 votos a favor y se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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