Número-641
- El objetivo es garantizar la aplicación en todo el país del derecho en temas de garantías y combate a la delincuencia organizada, entre otros.
- En el foro Nuevo Sistema de justicia ¿Qué falta para su consolidación?, se informó que se destinaron 10 mil millones de pesos al SETEC.
El Congreso de la Unión cumplirá con el compromiso de impulsar el Sistema Nacional de Justicia, a partir de la armonización de las leyes estatales con las reformas en materia penal, cívica, de derechos humanos, combate a la delincuencia y otros, coincidieron el presidente del Instituto Belisario Domínguez (IBD), senador Miguel Barbosa Huerta, y el presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz.
Durante el foro “Nuevo Sistema de justicia ¿Qué falta para su consolidación?”, Barbosa Huerta y Camacho Quiroz apuntaron que el interés del Poder Legislativo es evitar huecos en los textos de las leyes, que impidan la debida aplicación de dicha legislación, sin que ello vaya en detrimento de la soberanía de los estados.
Al inaugurar el foro, el senador Barbosa Huerta explicó que el Senado habrá de establecer las herramientas legislativas necesarias para lograr la armonización de las leyes que conformen un nuevo sistema nacional de justicia, el cual habrá de conjuntar tanto el Sistema Penal Acusatorio en proceso, como el de Justicia Cotidiana recientemente propuesto por el Ejecutivo federal.
La propuesta del Presidente plantea la creación de la Ley de Justicia Cívica, para la resolución pronta de conflictos menores entre particulares, como accidentes leves de tránsito, así como la Ley de Justicia Itinerante que prevé conformación de caravanas de jueces que acudan a sitios recónditos para la solución de conflictos vecinales.
Frente a los pasos para consolidar el Sistema de Justicia Penal y el análisis de la iniciativa de Justicia Cotidiana, enfatizó, el Poder Legislativo deberá ser muy cuidadoso de la hermenéutica jurídica, es decir, se deberá evitar dejar en los textos legales espacios que impidan la efectividad en la aplicación del derecho.
Barbosa Huerta acotó que no sólo el Senado tiene responsabilidad de estudiar a fondo el Sistema Nacional de Justicia Penal, sino también todos los abogados y personas relacionadas al tema, pues “profesionales de derecho que no conozcan a detalle este sistema, serán menos abogados, menos profesionales”.
En su participación, Camacho Quiroz refrendó en la responsabilidad del Congreso para armonizar las leyes estatales y lograr el funcionamiento de un sistema de justica nacional, el cual incluye reformas que dieron lugar a las leyes nacionales de Derechos Humanos; Contra la Delincuencia Organizada; de Víctimas; Contra la Tortura y Tratos Crueles; de Solución de Controversias; de Ejecución Penal; así como al Sistema de Justicia para Adolescentes.
En paralelo, abundó, es momento de revisar temas pendientes dentro del modelo Sistema Penal Acusatorio que establece los juicios orales, toda vez que a ocho años de su aprobación ha concluido la etapa legal de transición y es momento de consolidarlo.
Camacho Quiroz dijo que la Cámara de Diputados ha mostrado responsabilidad para consolidar el Sistema Nacional de Justicia Penal, pues entre 2010 y 2016 se asignaron más de cinco mil millones de pesos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SETEC), de los cuales 81 por ciento destinaron al nuevo modelo de justicia.
A través de Banobras, agregó, se han asignado otros cinco mil millones de pesos para que las entidades federativas implementen el sistema de justicia, particularmente para la capacitación del personal de policía, del sistema penitenciario, ministerios públicos, jueces, peritos, etcétera.
Subrayó que este año el Poder Judicial es el único de los tres poderes que no registró reducción de su presupuesto; por el contrario, fue favorecido con una ampliación superior a la media por dos razones: avanzar en la reforma de justicia laboral, que será jurisdiccional; y proseguir con la implementación del Sistema de Justicia Penal.
Al participar en la inauguración del foro, el coordinador del Instituto Belisario Domínguez (IBD), Gerardo Esquivel Hernández, expuso en su turno que es indispensable reforzar la justicia penal para reducir la inseguridad, impunidad y corrupción, así como revertir la intensidad de la violación de los derechos humanos.
En representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Jorge Pardo Rebolledo, advirtió que es crucial consolidar a la brevedad el nuevo sistema, pues “la demanda de justicia no puede posponerse en aras de una justicia etérea y con el argumento de que será efectiva cuando el sistema esté consolidado. Esto es inaceptable”.
Insistió en que el sistema debe dar resultados de inmediato, a favor de todos los mexicanos, porque, “de nada sirve contar con el mejor diseño legislativo, la construcción de modernos edificios y la formación de personal altamente capacitado, si al final del día no se traducen en una atención pronta, completa, eficiente y digna, en todos y cada uno de los casos sometidos a la jurisdicción del Estado”.
El coordinador de la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales, Martín Sánchez Bocanegra, sostuvo que ha habido avances en la implementación del nuevo sistema penal, sin embargo desde la sociedad civil se ha establecido la necesidad de plantear en la mesa de discusión todos aquellos obstáculos que se enfrentan en la práctica, para la debida y eficaz aplicación de la justicia,
En lo anterior coincidió la representante del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), María Novoa, al destacar que es necesario planear políticas públicas que permitan articular el sistema acusatorio penal a nivel nacional, así como reforzar la defensa pública, para alcanzar mejores resultados en la aplicación del derecho y protección de las garantías.
La directora de Proyectos del Instituto de Justicia del Proceso Penal, Ana Dulce Aguilar, señaló en su turno que en esta articulación del sistema nacional de justicia deberá reflexionarse en cómo evitar vulnerar los derechos humanos, incluso en lo establecido en los tratados internacionales firmados por México.
