Número-596
- La “agenda incluyente” debe promover programas, políticas y presupuestos para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad, indicó la senadora.
- Especialistas coinciden en la necesidad de capacitar a los impartidores de justicia, así como impulsar la implementación de políticas laborales para este sector.
Al clausurar el “Foro sobre la discapacidad”, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, llamó a impulsar una agenda incluyente que promueva programas, políticas y presupuestos específicos para el desarrollo e inclusión de las personas con una discapacidad.
Manifestó que el Estado mexicano debe cumplir con los tratados internacionales, por medio de de su armonización con la legislación nacional. Tenemos que trabajar de manera conjunta entre sociedad y gobierno para llevar a cabo dicha armonización legislativa “porque sí ha habido avances, pero aún falta mucho por hacer”.
Estos diálogos nos permiten a los legisladores desarrollar leyes y políticas que “no sean letra muerta, porque las barreras no están dadas por la capacidad misma, sino por la actitud de la sociedad”, subrayó.
Durante el segundo día del foro, la magistrada María del Carmen Carreón Castro, del Tribunal Electoral del Distrito Federal, señaló que es fundamental que las personas que tienen algún tipo de discapacidad también formen parte del sistema político electoral.
Advirtió que no se está trabajando la parte de la participación política para este sector, por lo cual se deben generar las condiciones que favorezcan a este grupo social, que ha estado viviendo bajo condiciones de vulnerabilidad por varios años.
Es indispensable establecer un programa para formar y capacitar al personal que se emplea en labores de justicia, como intérpretes, peritos, notificadores o actuarios, ya que los contextos de la justicia en México resultan complicados para este grupo social, expresó.
La especialista Paula Ximena Méndez Azuela, directora del Centro Estratégico de Impacto Social A.C., dijo que es urgente atender la inaccesibilidad al sistema de justicia en México, a través de la sensibilización y capacitación obligatoria de los impartidores de justicia.
Resaltó que el sistema jurídico deja de lado a los grupos vulnerables, “genera distinción de clases sociales y exacerba las diferencias entre las personas”, por ello debemos modificar las actitudes de los impartidores de justicia, porque si no lo hacemos las cosas no cambiaran.
La directora del área de investigación de la organización Documenta, Diana Sheinbaum Lerner, explicó que uno de los principales problemas son las “barreras actitudinales”, es decir, estereotipos y prejuicios que tienen los impartidores de justicia, defensores y personal penitenciario, con respecto a las personas con una discapacidad.
Nuestra legislación penal no refleja avances, ya que las figuras de la inimputabilidad y seguridad son violatorias de los derechos humanos; y están basadas en concepciones “discriminatorias estereotipadas y erróneas”, concluyó.
La directora de Promoción de Cultura y No Discriminación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), María José Morales, subrayó que en los centros de trabajo debe haber políticas de igualdad y no discriminación, así como instrumentos para medir el ambiente de trabajo y un código de ética.
Precisó que, de cada cien personas con discapacidad, 95 viven con su familia, 64 colaboran en las tareas de la casa, 32 tienen un empleo y 46 asisten a la escuela; y más de la mitad consideran que los ingresos que perciben no son suficientes para cubrir sus necesidades.
