Número-535
- A diario, seis de cada 10 mujeres son sujetas a violencia, siete son víctimas de feminicidio.
- Durante el foro México en Alerta de México, se presentaron testimonios de acoso físico, mental y sexual.
La senadora independiente Martha Tagle Martínez respaldó la Alerta de Género Nacional promovida por organizaciones civiles y dijo que en el país se mantiene una terrible violencia contra las mujeres, pese a los esfuerzos institucionales realizados a partir de la promulgación de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hace 10 años.
En México, diariamente se registran siete feminicidios, en tanto que seis de cada 10 mujeres sufren de algún tipo de violencia, enfatizó al inaugurar el foro “México en Alerta de Género”, realizado a propósito de la conmemoración del 25 de noviembre del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres.
Explicó que es necesaria la movilización social, porque acorde a la referida ley, para que se decrete una alerta de género debe existir una petición expresa, de parte de gobiernos estatales o municipales, o de organizaciones de la sociedad civil, ante la Secretaría de Gobernación. Consideró que en esta institución, el trámite resulta burocrático, porque para proceder las solicitudes deben realizarse una serie de investigaciones por un comité de expertos.
Tagle Martínez expuso que la Secretaría de Gobernación tiene registradas las solicitudes de 22 Estados aún sin resolver, en tanto que siguen el aumento de la violencia y los feminicidios en todo el país, no sólo de forma aislada en algunos municipios donde ya está decretada la alerta de género.
En el foro se presentaron diversos testimoniales de víctimas de violencia y se denunciaron casos sucedidos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y en la Policía Ministerial de la Ciudad de México.
Por su parte, la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, dijo que la falta de atención de las autoridades al grave problema de la violencia de género, se refleja en que dentro de las políticas públicas no se prevé ningún tipo de apoyo para las organizaciones civiles que brindan respaldo a las víctimas, es decir, están totalmente fuera del presupuesto gubernamental.
