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El Senado de la República aprobó por unanimidad la creación de la Fiscalía Nacional Contra la Corrupción cuyo objetivo será erradicar este delito y sancionar a quienes incurran en él, en todos los niveles y órdenes de gobierno.
Este organismo autónomo podrá investigar y perseguir el lavado de dinero y combatir el uso de recursos financieros de procedencia ilícita, ya sean producto de la corrupción o del crimen organizado, tanto nacional como internacional.
Además, actuará de oficio cuando se trate de delitos contra la economía nacional cometidos por cualquier integrante de los poderes de la Unión, de las entidades federativas, municipios u organismos constitucionales autónomos.
Podrá solicitar a la autoridad judicial correspondiente, las órdenes de aprehensión en contra de los inculpados, al presentar las pruebas que acrediten la plena responsabilidad de éstos.
La Fiscalía también, estará facultada para buscar que los juicios se sigan con toda regularidad, a fin de que la administración de justicia sea pronta y expedita, así como solicitar la aplicación de las penas correspondientes e intervenir en todos los procesos que la ley determine
Como parte de esta iniciativa el pleno senatorial resolvió crear el Registro Nacional de Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos, con la finalidad de fiscalizar su situación financiera.
Dicho Registro deberá estar siempre a disposición de la Fiscalía Nacional, a efecto de comparar en todo momento la situación patrimonial de cualquier funcionario y por consiguiente detectar los cambios patrimoniales que no sean legalmente justificables.
Los senadores consideraron necesario elevar a nivel constitucional la persecución de los delitos de corrupción y del uso de recursos financieros de procedencia ilícita, entre otras razones, por ser éstos una amenaza directa a la economía nacional.
En el dictamen, que reforma el artículo 102 de la Constitución, se explica que la Cámara se Senadores emitirá la convocatoria correspondiente para la designación del titular de la Fiscalía Nacional, el cual será electo por un periodo de ocho años, y podrá ser reelecto por una sola vez.
Se menciona que de acuerdo a estimaciones del Banco Mundial la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0.5 y 1 punto porcentuales por año, lo que agrava la pobreza y la desigualdad.
Por ello, los legisladores consideraron indispensable que “los servidores públicos deshonestos que desvíen la noble tarea del servicio público sean sometidos a juicio y reciban castigos ejemplares”.
A nombre de las comisiones dictaminadoras, el senador priista Melquiades Morales Flores advirtió que la corrupción es un virus que carcome a las instituciones, lo que “ha ocasionado graves y funestas consecuencias porque no sólo se daña el patrimonio nacional sino que también fomenta la criminalidad y la descomposición social”.
La impunidad y la corrupción --agregó-- son fenómenos que van de la mano, algo que de ninguna manera podemos consentir; sino que debemos combatir y perseguir hasta sus últimas consecuencias.
Estimó que con la creación de la Fiscalía se pondrá “un alto a quienes usan recursos del erario público, enjuiciarlos y castigarlos de manera ejemplar”.
A su vez, el senador panista Ricardo García Cervantes, autor de la iniciativa, reconoció que la corrupción ha tocado a los gobiernos emanados de todos los partidos y “nadie está aquí libre de culpa”.
En este sentido, señaló que no se puede dar al país una economía con equidad y justicia si siguen prevaleciendo los niveles de impunidad en todas las materias.
Por ello, dijo, con la aprobación de esta reforma constitucional se dota al Estado de un nuevo órgano que contará con autonomía funcional y presupuestaria para investigar y llevar a juicio a quien cometa delitos contra la economía nacional.
Por el PRI, el senador Fernando Baeza Meléndez consideró que este cambio a la Constitución se “enfoca hacia una reforma” que necesita el país y que consiste en otorgarle al Ministerio Público la independencia del Ejecutivo federal, a fin de que se erija en representante de la sociedad.
Es una punta de lanza con la que posteriormente se podrá reivindicar el carácter independiente del Ministerio Público, quitarle la titularidad al presidente de la República, y con ello se evitará la sospecha de que se direccionen las averiguaciones previas, puntualizó.
Estamos cumpliendo --añadió-- con la prioridad que tiene el país para combatir la impunidad a través de este órgano idóneo.
A su vez, el senador perredista Pablo Gómez Álvarez externó que la mayor incidencia de corrupción se encuentra “en los poderosos en asociación con los económicamente poderosos”.
Explicó que ello se debe a que el sistema de justicia en México está hecho para “las impunidades y la corrupción”, ya que “quien tiene más dinero le va mejor o quien tiene influencia sobre el presidente o el gobernador le va mucho mejor”.
Por ello, estimó que el paso que hoy se da en la creación de esta nueva institución “es un momento importantísimo, ya que según especialistas el sistema de auditoría en su conjunto está ideado para ser “un sistema completamente desarticulado porque ninguna institución opera en referencia con otra y cada quien opera por su lado”,
El senador Arturo Herviz Reyes manifestó que la corrupción está ligada a la manera en que el Estado opera y realiza sus funciones y recordó casos como el de “narcotraficantes que huyen por la puerta grande de las prisiones, los fraudes bancarios como el Fobaproa, el Pemexgate, los montajes de García Luna o las evidentes irregularidades en la Estela de Luz”.
Lo anterior, explicó el legislador del PRD, no sería posible sin la colaboración de las autoridades correspondientes.
Por su parte, el senador Tomás Torres Mercado, del PVEM, comentó que la experiencia institucional de México en la creación de fiscalías especiales es la peor, debido a que “no hay un solo asunto en México que haya concluido con una sentencia condenatoria”.
Sin embargo, subrayó que es trascendente crear una fiscalía anticorrupción “pero en términos reales es crear una Procuraduría General de la República para enjuiciar los delitos cometidos por servidores públicos”.
La iniciativa que se aprobó con 95 votos a favor se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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