{audio}2012/boletines/mar/2012-03-13/767.mp3{/audio}
El Senado de la República facultó a las autoridades federales para que puedan atraer e investigar los delitos en los que se vean involucrados como víctimas reporteros, periodistas o cualquier persona en el que se adviertan atentados contra la libertad de expresión.
Dichas instancias también podrán conocer de los delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta.
Con la aprobación unánime de la reforma al artículo 73 de la Constitución, los senadores dieron “una respuesta efectiva y contundente” al reclamo social de evitar y sancionar las agresiones contra ese derecho fundamental.
En el dictamen se hace notar que los periodistas y defensores civiles de los derechos humanos “se encuentran en el peor momento de su vida profesional”, y “nunca antes en la historia de México se habían cometido tantos crímenes” contra ellos.
Para los senadores que desahogaron la minuta de la colegisladora, resulta “alarmante” que nuestro país ocupe el primer lugar como el más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, después de Irak tras la ocupación de Estados Unidos en 2003.
Al exponer los detalles del resolutivo, el senador priista Melquiades Morales Flores aclaró que la reforma “no tiene como objeto invadir las esferas de competencia de las autoridades estatales”, sino que la Federación sea “un soporte para la resolución de asuntos que por su naturaleza trascienden el ámbito de las entidades”.
El titular de la Comisión de Puntos Constitucionales subrayó que dicha facultad será ejercida en aquellos casos en que las mismas autoridades estatales así lo soliciten, o bien a petición de la víctima u ofendido, y cuando el sujeto activo del delito sea un servidor público local.
Señaló que esa libertad es un indicador del nivel de consolidación de la democracia y un fiel reflejo del ejercicio de nuestros derechos fundamentales, por lo que su violación representa un daño, no sólo a las personas que ejercen el periodismo, sino a la sociedad en su conjunto.
A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, el senador de Acción Nacional, Alejandro Zapata Perogordo destacó que “no es todavía una reforma completamente concluida”, pero abre la puerta para proteger esta profesión y para que el Congreso garantice la libertad de expresión.
Dijo que en el intercambio de ideas la libertad es fundamental para la democracia y ésta “no se puede concebir sin aquellas personas o instrumentos encargados de informar a la población, de dar sus puntos de vista y propiciar el debate social”.
Por eso, resaltó, con el cambio a la Carta Magna la Procuraduría General de la República tendrá la posibilidad de investigar ilícitos contra comunicadores, ya que cuenta con mejores elementos técnicos para cumplir con este propósito que los que tienen las entidades federativas.
En el debate, el senador priista Carlos Jiménez Macías calificó de “vergonzoso” que la violencia contra periodistas y medios de comunicación se agrave en México, pero “lo más lamentable es que casi la totalidad de las muertes y la violación a los derechos humanos “han quedado impunes”.
Esto, dijo, “no sólo representa una ofensa para el ejercicio de la libertad de expresión, sino una vergüenza para un país que sustenta su existencia en el Estado de derecho, pues muestra su incapacidad para cumplir con su responsabilidad de proteger” dicha garantía.
El senador del PRD, José Luis Máximo García Zalvidea, precisó que “lejos de dotar de privilegios a un grupo especial”, la reforma garantiza el derecho que tiene la sociedad a ser informada.
La posibilidad de que todas las personas participen en las discusiones públicas --enfatizó-es uno de los bienes más preciados y “constituye el presupuesto necesario” para la generación de consensos y la toma de decisiones.
Para el senador Jorge Legorreta Ordorica la libertad de expresión enfrenta graves obstáculos por los actos de intimidación y violencia que sufren a diario los periodistas y tan sólo en los últimos 10 años 66 de ellos han sido asesinados y 12 han desparecido.
“Afectar la libertad de expresión --consideró el legislador del Partido Verde Ecologista de México-- es una de las formas de destruir la democracia y la sana convivencia que demanda nuestro país”.
Por su parte, el senador Ericel Gómez Nucamendi destacó que en México cada vez se acrecienta más la ola de violencia contra los comunicadores y esto “constituye una grave violación a los derechos humanos”.
El legislador por el Movimiento Ciudadano destacó que es deber del Estado prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada del daño.
Previo a la votación, a la que asistieron la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Laura Borbolla, periodistas y directivos de medios de comunicación, así como el representante en México del Comité par la Protección de los Periodistas, Mike O´Connor, el pleno guardó un minuto de silencio en memoria de los comunicadores que han sido asesinados.
Tras la aprobación de la reforma, el presidente del Senado, José González Morfín, recibió a periodistas, directivos y representantes de organismos y medios de comunicación en sus oficinas de la Mesa Directiva.
El dictamen se envió a las legislaturas estatales para sus afectos constitucionales.
--oo0oo--
