Número-463
- Son para garantizar los derechos, reparación del daño y fortalecer facultades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
- Logra amplio apoyo el dictamen y senadores del PRD señalan injerencia del Ejecutivo en la CEAV.
El Pleno del Senado de la República aprobó diversas modificaciones a la Ley General de Víctimas, a fin de garantizar, proteger y promover los derechos de las víctimas de delitos, y dotar de herramientas a las instituciones encargadas de atenderlas.
Con 77 votos a favor y nueve en contra, los senadores discutieron las disposiciones que incluyen la participación de las víctimas, sociedad civil y academia, y establece diversas facultades atracción y reparación del daño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
El dictamen presentado por las comisiones unidas de Gobernación, de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios legislativos, logró amplio apoyo durante su discusión en el Pleno.
El proyecto establece que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dejará de ser un órgano colegiado, el cual estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos. Se propone que el Comisionado tendrá a su cargo designar a las personas responsables del Fondo de Recursos, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.
Será nombrado por el Presidente de la Republica, previa consulta pública entre colectivos de víctimas y especialistas que trabajen en la atención a víctimas; deberá ser ratificado por el voto de las dos terceras partes de los presentes en sesión ordinaria, del Senado de la República.
Asimismo, se elimina la existencia de los comités de estructura y se determina la existencia del Comité Interdisciplinario Evaluador, que tendrá facultades para elaborar los proyectos de dictamen, de acceso a los recursos, así como para la creación de fondos de emergencia.
La propuesta prevé que, para garantizar la efectividad de las acciones del gobierno a favor de las personas en situación de víctima, participen en elaboración de la política pública los distintos actores sociales, de tal forma que la aplicación de las directrices de atención y el ejercicio de los recursos públicos destinados a la ayuda, asistencia y reparación integral sea abierta y transparente.
Para ello, se concibe la creación de una Asamblea Consultiva que funcionará como un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la CEAV, y estará integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos.
Adicionalmente, cuatro representantes de la Asamblea integrarán la Junta de Gobierno, por lo que su participación estará garantizada en todo momento para la debida atención a las víctimas.
Por otro lado, se flexibilizan los mecanismos de acceso a los recursos del Fondo, fortalecen el otorgamiento de medidas de ayuda, ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismo burocráticos.
Para lo anterior, se plantea que los recursos de ayuda y a diversos gastos, como alimentación, hospedaje, trasportación, entre otros, deben ser concebidos como gastos operativos ordinarios que les permitan a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva.
Del mismo modo, el dictamen establece la obligación de las entidades federativas de contar con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, asesoría jurídica y un registro de víctimas, con lo cual la CEAV y las Comisiones Ejecutivas de los estados puedan, con cargo al Fondo Federal o a los fondos estatales según corresponda, proporcionar recursos de ayuda.
También, para que entreguen la compensación subsidiaria a víctimas del fuero común, a efecto de garantizar sus derechos cuando la entidad federativa lo solicite por no contar en el momento con la disponibilidad presupuestaria necesaria.
El dictamen destaca que la mayoría de delitos que se cometen en territorio nacional corresponden al fuero local, por lo que “un importante universo de víctimas de delitos de alto impacto no tiene acceso efectivo a los derechos que marca la Ley”. Por ello, propone facultar a la CEAV para que pueda atraer e intervenir en la atención, y en su caso, en la reparación del daño a víctimas en casos del fuero local.
Respecto al fenómeno de desplazamiento interno que se registra en el país, el proyecto propone que la Ley atienda y proteja, a partir de un enfoque diferencial, los derechos de las víctimas de este problema. La Ley General de Víctimas deberá otorgar atención inmediata a las poblaciones víctimas de desplazamiento para cubrir sus necesidades prioritarias.
Para garantizar el derecho de las personas migrantes y de las víctimas de desplazamiento interno, se precisa, deberán ser atendidas con base en un enfoque diferencial y especializado, que atienda de manera particular las principales afectaciones y consecuencias de estos grupos vulnerables.
En otro tema, se propone incluir que las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en la Ley, pues en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar.
Las modificaciones a este ordenamiento incluyen el interés superior de la niñez, como principio rector, en congruencia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente.
Al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, su presidenta, la senadora Cristina Díaz Salazar, explicó que la Ley General de Víctimas significó un avance en la legislación mexicana de la mayor importancia, ya que tiene un perfil humanista y progresista.
No obstante, agregó, las necesidades para la debida atención a las víctimas demandan una ley actualizada, que atienda efectivamente sus demandas y dote de herramientas claras a las instituciones encargadas de atenderlas, a fin de garantizar que recuperen su proyecto de vida.
La legisladora del Grupo Parlamentario del PRI precisó que las modificaciones se construyeron “con la cercanía y participación” de los colectivos de víctimas y organizaciones civiles, “por tanto, tenemos la convicción de que las reformas planteadas serán un cambio en beneficio de ellas”.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, expuso que a poco más de tres años de la entrada en vigor de esta ley, las víctimas han pedido su revisión “denunciando fracasos en el diseño legal e institucional, lo que hoy hace necesario que reformemos de manera integral el modelo de atención”.
Hoy nuevamente se nos plantean un conjunto de exigencias que hemos intentado reflejar hasta donde ha sido posible, con la voluntad política de todas las partes, para lograr la construcción de estas reformas, apuntó.
Hemos enfrentado muchas dificultades; sin embargo nos parece que hoy logramos pasos trascendentales, aunque no logramos todo, dijo la legisladora del Grupo Parlamentario del PRD.
Por la Comisión de Justicia, su presidente, el senador Fernando Yunes Márquez aseguró que el propósito de las reformas no es la nueva Junta de Gobierno de la CEAV ni toda su estructura, sino que las víctimas y sus familiares “puedan tener un verdadero y eficaz acceso a los apoyos económicos, becas, oportunidades laborales, atención médica y un correcto asesoramiento jurídico”.
“La realidad actual –dijo– es que miles de personas buscan apoyo y no lo reciben. Queremos decirles a las víctimas del delito que el Senado de la República ha puesto en marcha las acciones necesarias para que puedan obtener la ayuda que se merecen, la ayuda que requieren de una verdadera democracia”.
El legislador del Grupo Parlamentario del PAN agregó que uno de los principales problemas de la Ley vigente es el inadecuado diseño institucional de los órganos operativos de atención a las víctimas, que necesariamente tiene que ser modificado porque “esta estructura no permite un adecuado funcionamiento de todas las instancias involucradas en la materia”.
A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, la senadora Graciela Ortiz González destacó que en el dictamen se resalta la necesidad de reformar de manera integral el ordenamiento vigente, a fin de que sea funcional para quienes requieren de su amparo y protección.
Enfatizó que se trata de flexibilizar el acceso al Fondo de Ayuda, la asistencia, atención y rehabilitación, que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de quienes han padecido un delito y que hoy se encuentran sujetos a mecanismos burocráticos.
La legisladora del Grupo Parlamentario del PRI asentó que si las autoridades de todos los ámbitos de gobierno no actúan conforme a los principios y criterios establecidos en la Ley quedarán sujetos a responsabilidades administrativas.
En el debate ante el Pleno, la senadora Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI, subrayó que en el dictamen se establece el tema del desplazamiento forzado interno, “una de las tareas que no habíamos querido reconocer, y que hay cientos de familias que viven divagando, sin los recursos, que perdieron sus patrimonios, y que hoy, tenemos elementos tan importantes para poder atender a estas víctimas”.
El senador Miguel Romo Medina, del PRI, apuntó que efectivamente el 5º transitorio establece una excepción para que el Ejecutivo designe al presidente de la CEAV durante tres años, pero acota que deberá consultar a organizaciones sociales y académicas para determinar la persona idónea al cargo, y mantener la independencia de la Comisión con respecto al gobierno.
Su correligionaria, la senadora Lucero Saldaña Pérez, refirió que con la reforma se brindará certidumbre, al extender el reconocimiento de las víctimas en cualquier parte del país; además de que establece la atracción de delitos locales, siempre y cuando hayan pasado por esa etapa; y reconoce la participación de la ciudadanía en una asamblea consultiva para manejar los recursos.
La senadora Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, señaló que se fortalecen las medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas, sujetas a mecanismos burocráticos e inaccesibles, y como aspecto medular destacó el cambio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que deja de ser un órgano colegiado.
Héctor Flores Ávalos, senador del PAN, dijo que con una Ley en esta materia el Estado, en cualquiera de sus frentes, debe asegurar la atención y el resarcimiento de las víctimas, independientemente de si el delito se cometió en el ámbito federal o estatal.
Su compañera de bancada, Mariana Gómez del Campo Gurza recordó que con los hechos en Nochixtlán, Oaxaca, se mostró la urgencia de reformar la Ley, pues las víctimas en la comunidad no pudieron acceder al Fondo de Ayuda de manera pronta y expedita, porque no contaban con facturas de los gastos erogados por servicios funerarios, traslados, hospedaje, alimentación o atención médica.
Al presentar su voto particular en contra, la senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Iris Vianey Mendoza Mendoza, dijo que es una ley regresiva en materia de derechos humanos y cuestionó que la CEAV no cuente con autonomía propia, por la intromisión de la Secretaría de Gobernación.
Para pronunciarse en contra, el senador del PRD, Benjamín Robles Montoya, criticó que se permita la injerencia del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, con la designación a modo en la CEAV y la de los miembros de la Asamblea Consultiva.
También en contra y del mismo Grupo Parlamentario, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros lamentó que la reforma proponga que el Presidente de la República designe al titular de la CEAV, lo que resulta completamente antidemocrático; además, se hace a un lado la demanda de que el organismo sea autónomo, al mantener a una Junta de Gobierno presidida por la Secretaría de Gobernación.
A favor, la senadora Dolores Padierna Luna, del PRD, aseguró que el dictamen incluye inquietudes y propuestas formuladas por las víctimas y por especialistas en la materia, y busca que desde el Poder Legislativo se abone al fortalecimiento y operación de las instancias del Estado mexicano, encargadas de la atención integral para todas las víctimas del país.
De la misma fracción, el senador Armando Ríos Piter razonó su voto en contra al señalar que la atención a las víctimas se dejó en manos de una Comisión formada por miembros del Estado; “cuando es el Estado mexicano mismo el que está involucrado en la violencia que nos está quitando a nuestros familiares”, explicó.
A su vez, la senadora independiente Martha Tagle Martínez se pronunció en contra, aunque reconoció el esfuerzo realizado por las comisiones dictaminadoras, con el argumento de que en el artículo 5º transitorio se hace una excepción para que el Ejecutivo federal sea quien designe al presidente de la CEAV, sin que medie una terna de ratificación por parte del Senado.
