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Senadores de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, aprobaron por unanimidad el dictamen que crea la Fiscalía Nacional contra la Corrupción.
Esta entidad estará dirigida a prevenir, sancionar y erradicar la corrupción, así como a investigar y perseguir lo que se denomina lavado de dinero.
De acuerdo al texto aprobado, la Fiscalía combatirá en forma paralela y eficiente el uso de recursos financieros de procedencia ilícita, ya sea producto de la corrupción o del crimen organizado, tanto nacional como internacional.
Asimismo, actuará de oficio cuando se trate de delitos contra la economía nacional cometidos por cualquier integrante de los poderes de la Unión, de las entidades federativas, municipios u organismos constitucionales autónomos.
Además, solicitará a la autoridad judicial correspondiente, las órdenes de aprehensión en contra de los inculpados, al presentar las pruebas que acrediten la plena responsabilidad de éstos.
Estará facultada para buscar que los juicios se sigan con toda regularidad, a fin de que la administración de justicia sea pronta y expedita, así como solicitar la aplicación de las penas correspondientes e intervenir en todos los procesos que la ley determine.
En la misma reunión de trabajo, se avaló el establecimiento del Registro Nacional de Situación Patrimonial de Servidores Públicos que permitirá fiscalizar en forma adecuada su situación financiera en todos los niveles y órdenes de gobierno.
Este registro deberá estar siempre a disposición de la Fiscalía Nacional con el objeto de poder comparar en todo momento la situación patrimonial y financiera de cualquier servidor público y por consiguiente detectar los cambios patrimoniales que no sean legalmente justificables.
Por otro lado, se estableció que la ley defina el marco de colaboración institucional entre la Fiscalía y la Auditoria Superior de la Federación.
Los legisladores explicaron que la designación del titular del organismo será hecha conforme a la convocatoria emitida por el Senado de la República y podrá ser elegido por el voto de las dos terceras partes de sus miembros.
Aclararon que el fiscal durará en su cargo ocho años y podrá ser reelecto por una sola vez, así como ser removido de sus funciones con la aprobación de las dos terceras partes del pleno senatorial.
En este sentido, los senadores precisaron que para desempeñar la función de fiscal se requerirá contar con título profesional de licenciado en derecho, tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos, experiencia mínima de diez años y gozar de buena reputación.
En la exposición de motivos del dictamen, se resalta que la corrupción provoca la disminución de bienestar social, el freno al desarrollo económico, aumento de los costos de transacción, la generación de mayores asimetrías sociales, problemas de agencia y la pérdida de legitimidad en las instituciones.
Se menciona que según estimaciones del Banco Mundial este problema puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0.5 y 1 punto porcentuales por año, lo que agrava la pobreza y la desigualdad.
Por ello, los legisladores coincidieron en elevar a nivel constitucional la persecución de los delitos de corrupción y del uso de recursos financieros de procedencia ilícita, ya que atentan contra la economía nacional.
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