Número-406
- Se aprobó en votación económica como un asunto de urgente resolución.
- El objetivo es garantizar la transparencia en las facultades del Congreso y la aplicación de recursos.
El Senado de la República exhortó al Juez Décimo Primero en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, a que resuelva a la brevedad el juicio de amparo 198/2016 promovido por organizaciones de la sociedad civil en contra de la Cámara de Diputados, al considerar se excedió en sus atribuciones al crear nuevos fondos dentro del Ramo 23, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016.
El objetivo es garantizar la transparencia de las facultades del Congreso al modificar la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación presentada por el Ejecutivo Federal (PEF), así como en la distribución y aplicación de recursos.
El senador independiente Manuel Cárdenas Fonseca, al presentar el punto de acuerdo correspondiente, explicó que las organizaciones académicas y de la sociedad civil Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y México Evalúa, afirmaron que los diputados federales realizaron un recorte al gasto de programas sociales, en particular de educación y salud, para crear dichos fondos que no cuentan con objetivos, reglas de operación o mecanismos de evaluación claros.
Subrayó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sólo faculta a los diputados a aprobar y modificar la propuesta del PEF que le presenta el Ejecutivo Federal, pero se ha interpretado erróneamente esta disposición constitucional “para atribuirse la facultad de adicionar este presupuesto con la creación de nuevos fondos, no propuestos originalmente en el proyecto del Ejecutivo y que no cuentan con reglamentaciones para su operación y dan paso a la opacidad, los moches y la falta de transparencia”.
Apuntó que ha habido demora en el ejercicio de la autoridad, pues la audiencia constitucional fue postergada en diversas ocasiones, y finalmente se llevó a cabo el pasado cuatro de septiembre; sin embargo, a más de un mes, el juez continúa sin dictar resolución.
Esta tardanza puede traer graves consecuencias, pues el amparo puede quedarse sin materia si se agotan los recursos de los fondos impugnados o se concluye el PEF el 31 de diciembre próximo, lo cual sentaría un grave precedente en lo relativo a garantizar la transparencia en la designación y aplicación de los recursos públicos.
Cárdenas Fonseca aseveró que existen pruebas documentadas de esta dilación en la aplicación de la justicia, lo cual puede derivar en la desconfianza de que sobre la autoridad prevalezcan algunos intereses, “o que el Poder Judicial, a través del juzgador, está recibiendo instrucciones de instancias del Poder Ejecutivo. Me resisto a pensar que eso esté sucediendo”.
Por el contrario, sostuvo, de cumplirse con lo que dicta la ley y obtener justicia pronta y expedita, será posible que los legisladores no asuman atribuciones que no les confiere la Constitución, se respetarán los procedimientos requeridos para que la creación de fondos nuevos de forma sea transparente y bien reglamentada.
