Número-404
- Las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales plantean las directrices para evitar la discriminación de las personas con discapacidad.
- La propuesta se turnó a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.
La senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el propósito de garantizar el derecho al voto de todas las personas con discapacidad.
Para ello, planteó que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, diseñe, promueva y realice acciones en materia de capacitación y difusión que promuevan la no discriminación y los derechos electorales de las personas con discapacidad, destinados a electores, funcionarios de casilla, partidos políticos y funcionarios electorales.
La reforma prevé que los ciudadanos mexicanos establecidos en el territorio nacional, a los que su discapacidad les impida acudir a inscribirse ante las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, soliciten su inscripción por escrito, acompañando la documentación que acredite su discapacidad.
Asimismo, se establece que los materiales electorales deberán elaborarse con medidas de accesibilidad y diseño universal y considerar otros elementos que permitan la votación para las personas con discapacidad, tales como planillas sobre puestas en sistema de escritura braille, lupas de aumento, sellos “X”, mamparas portátiles o de altura reducida, entre otros.
Las boletas electorales deberán considerar medidas de accesibilidad para las personas con discapacidad, entre otras planillas sobre puestas con sistema de lectura braille.
También se plantea que los presidentes de los consejos distritales entreguen a cada presidente de mesa directiva de casilla, los materiales que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad, tales como planillas en lenguaje braille, mamparas portátiles o con altura reducida, sello “X”, lupas de aumento para las boletas, entre otras.
Además, se precisa que aquellos electores que no sepan leer o que sean personas con discapacidad temporal o permanente, podrán hacerse asistir por una persona de su confianza que les acompañe y les auxilie en el proceso de votación.
La legisladora priista destacó que en octubre de 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió una serie de recomendaciones y observaciones sobre el estado que guarda la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México.
Destaca la relativa a la participación en la vida política y pública, en la que manifiesta su preocupación por la denegación del derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, y que los procedimientos, instalaciones y materiales no sean accesibles.
Ante este panorama, explicó es que se presenta esta iniciativa para realizar una armonización legislativa conforme a la Convención, para adoptar las mejores prácticas de los tratados internacionales, pero igualmente la revisión del marco jurídico nacional a fin de empatar aquellas acciones que corresponden a los intereses comunes.
Así, la propuesta presentada también prevé que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica dictará las medidas pertinentes para la entrega de la credencial para votar del elector con discapacidad.
Además, plantea que el Instituto vigilará que los mensajes y programas con fines electorales, propios del Instituto y de otras autoridades electorales, así como los que por medio de las prerrogativas y derechos contenidos en la Constitución y en la Ley; se transmitan en medios alternativos y aumentativos de comunicación tales como Lengua Mexicana de Señas, subtitulación al español o lenguas indígenas y cualesquiera otro que los ciudadanos manifiesten propio para acceder a los contenidos.
Aunado a esto, promueve que la transmisión de los debates por medios audiovisuales deberá contar con interpretación en Lengua Mexicana de Señas y subtitulación al español.
La propuesta se turnó a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.
