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El pleno del Senado autorizó al Ejecutivo federal para que a través del Banco de México amplíe su cuota de aportación al Fondo Monetario Internacional hasta por la cantidad de 8 mil 912.7 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a 14 mil 037.7 millones de dólares.
En el dictamen se destaca que la Resolución 66-2 aprobada el 15 de diciembre de 2010, por la Junta de Gobernadores del FMI, acordó que México pudiera incrementar su cuota en un 145.8 por ciento y pase de 3 mil 625.7 millones DEG a 8 mil 912.7 millones DEG, equivalentes a 14 mil 037.7 millones de dólares.
Con este aumento la participación de nuestro país en relación con las cuotas totales del organismo, pasará de 1.52 a 1.87 por ciento, lo que implica que su posición suba del lugar 16 al 14 de 187 países, y aumente su poder de voto de 1.47 a 1.80 por ciento.
El incremento de la cuota --se agrega-- significa para México una mayor influencia en la toma de decisiones en los órganos de gobierno del FMI, lo que mejorará las condiciones para ejercer los derechos que nuestro país tiene como miembro de la institución, así como al acceso a los recursos de éste “en caso de ser necesario”.
El 25 por ciento del incremento se pagará en DEG o en monedas de libre uso, mientras que el 75 restante en moneda nacional.
“Es decir, el 25 por ciento del aumento de la cuota pagadero en divisas, forma parte de las reservas internacionales del país y por otro lado la aportación del 75 por ciento en moneda nacional se realizará a través de un depósito en la Cuenta No. 1 del Fondo Monetario Internacional en el Banco de México”, se precisa en el texto.
De esta manera --se aclara-- no disminuyen las reservas internacionales del Banco Central toda vez que se trata de un cambio en la composición de dichas reservas ni se ve afectada su situación financiera, ya que el incremento de la cuota significa únicamente un intercambio de activos.
Los senadores consideraron que el incremento de la aportación “dará lugar a una importante reorganización de las cuotas y la estructura de gobierno del FMI, que reforzará la legitimidad y eficacia de la institución para enfrentar los retos que representa el nuevo entorno mundial.
Por otro lado, expusieron que el incremento de las cuotas de los países miembros tiene como objetivo duplicar los recursos del FMI en aproximadamente 476.8 miles de millones de DEG, lo que equivale a 750.9 miles de millones de dólares y traspasar el 6 por ciento de las cuotas a los países de mercados emergentes y en desarrollo dinámicos.
El dictamen fue respaldado con 71 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención.
Al fijar la postura de las comisiones dictaminadoras, el senador panista José Isabel Trejo precisó que México y el resto de los países miembros de este organismo “aportaremos los recursos al mismo tiempo, una vez que se determine oficialmente que se han alcanzado los votos necesarios al interior del FMI”.
En su opinión, el aval a la solicitud presidencial es “un paso importante hacia la construcción de un FMI más legitimo, creíble y efectivo al asegurar que la composición de sus órganos de gobierno reflejen de mejor manera las nuevas realidades económicas mundiales”.
El también titular de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, advirtió que sin esta reforma la capacidad del FMI se agotaría con tan sólo prestar a 4 países similares en tamaño de México, es decir 75 mil millones de dólares a cada uno.
A su vez, la senadora priista Rosario Green Macías dijo que estos cambios constituyen un verdadero empoderamiento de los países emergentes frente a economías de las naciones más ricas, “quienes en el pasado siempre impusieron sus verdades”.
Esto es un adelanto y no un retroceso; esto es por nosotros y no por los demás, puntualizó.
Comentó que junto con China, Brasil, India y Rusia “nos ubicaremos dentro de los 15 países con mayor participación en el Fondo”.
Al anunciar su voto en contra, el senador perredista Pablo Gómez Álvarez expresó que esta modificación tiene como objetivo aumentar la capacidad de Fondo “para un rescate europeo”, por lo que pidió “espera” y “cautela”, ya que nuestro país no es un factor de decisión en esa institución.
De repente, agregó, se le urge al Senado mexicano para que resuelva esta reforma, lo que coincide con la negativa del gobierno de Estados Unidos en aumentar sus cuotas al FMI; “espero que no nos vuelvan a saquear una vez más como ya lo han hecho tantas veces”.
Asimismo, criticó que México aporte esos recursos al organismo y “no los utilice para generar proyectos productivos fundamentales y generar empleo o fortalecer la producción interna, pues es más razonable que el Banco de México forme parte del impulso de la actividad productiva en su propio país”.
A su vez, el senador panista Juan Bueno Torio afirmó que hoy México goza de una “cabal salud financiera”, ya que cuenta con cerca de 150 mil millones de dólares de reservas en el Banco de México y está en condición y posibilidad de participar en el fortalecimiento del capital de la instituciones financieras internacionales.
Recordó que en otro tiempo “fuimos ayudados con capital de otros países, a través de instrumentos internacionales para resolver nuestros problemas económicos”.
A nombre del PRD, el senador Silvano Aureoles Conejo señaló que mientras nosotros vamos a aportar dicha cantidad al FMI, en nuestro país hay más de 52 millones de personas que se debaten en la pobreza, además de que se ha triplicado el desempleo juvenil.
Sin embargo, informó que votaría a favor del dictamen, ya que “estamos conscientes de que en este mundo globalizado México no es una isla y somos parte del concierto internacional de las naciones, de intercambios económicos y financieros, por lo que no puede quedar al margen de estos procesos”.
Por su parte, el senador Francisco Alcibíades García Lizardi propuso que la aportación de México quede condicionada hasta que los grandes socios del FMI acuerden y cumplan su respectiva cuota, a efecto de clarificar las implicaciones monetarias, legales y constitucionales que tendrán para nuestro país.
El legislador de Movimiento Ciudadano cuestionó la prisa para “firmarle un cheque en blanco al Ejecutivo si los grandes socios no han aportado su ampliación de capital; por qué los países pobres como México deben aportar mientras los ricos condicionan su participación”.
En su oportunidad, la senadora perredista Yeidckol Polevnsky Gurwitz manifestó que es “aberrante que seamos los países en desarrollo los que tengamos que aportar para sacar del problema a los países desarrollados”.
El documento se remitió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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