Número-339
- Se requiere que los ciudadanos que habrán de presidir el SNA tengan una voz clara, fuerte y contundente, afirma senador Armando Ríos Piter.
- Evitar repartición de cuotas políticas en designación de funcionarios, piden especialistas.
El senador Armando Ríos Piter y especialistas hicieron un llamado para concretar un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) sólido, con capacidad de fiscalización, sanción y prevención de los delitos relacionados con la corrupción, en ámbitos como las compras, contrataciones y adquisiciones públicas.
Al inaugurar el foro, que sobre esta materia se llevó a cabo en el Senado de la República, Ríos Piter expresó que actualmente se requiere una gran participación de la sociedad para consolidar el andamiaje institucional que aprobó el Congreso de la Unión.
El legislador del Grupo Parlamentario del PRD enfatizó la necesidad de sancionar este flagelo y “si hay algún peso que se está yendo a los bolsillos de algún funcionario, entonces que la Fiscalía Anticorrupción pueda meter a la cárcel a esa autoridad”.
Además, en el encuentro que organizó el Instituto Belisario Domínguez (IBD), dijo que se requiere que los ciudadanos, quienes habrán de presidir el Sistema Nacional Anticorrupción, tengan una voz clara, fuerte y contundente, así como atribuciones para señalar lo que “está mal, lo que falta y lo que hay que profundizar”.
Pero todo esto, asentó, “no lo vamos a lograr si lo dejamos como un aparato institucional de arriba, como otras instituciones que tienen solamente esta parte burocrática en las altas esferas, sino que necesitamos que se convierta en un Sistema del que se apropien los ciudadanos en cada una de las colonias, de los barrios y comunidades del país”.
Jacobo García Villareal, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), afirmó que uno de los mayores restos para la implementación del SNA es generar un compromiso político para que la designación de los miembros del Comité Ciudadano, del Secretario de la Función Pública y del Fiscal Anticorrupción sea imparcial, seria y evitar “que no sea una repartición de cuotas políticas”.
“El objetivo final –asentó– es cambiar comportamientos del funcionario público y no aprenderse leyes y códigos, porque eso no sirve de mucho”.
Coincidió en que el trabajo legislativo tiene que avanzar en una regulación para la prevención, detección y persecución de la corrupción en los trámites y servicios que el gobierno ofrece los ciudadanos, así como en los fenómenos de la colusión en las compras públicas.
Destacó que una de las mayores actividades de riesgo es la de las contrataciones o las compras públicas y que uno de los temas pendientes que tienen retomarse en las nuevas leyes y reformas es la definición de protocolos de gestión y resolución paras los conflictos de interés.
Gerardo Esquivel, coordinador ejecutivo de Investigación del IBD, refirió que las reformas y nuevas leyes que materializan el Sistema Nacional Anticorrupción son un avance fundamental para el combate a este problema, pero también el punto de partida para un conjunto de modificaciones a diferentes ordenamientos que aún deben ser aprobadas en materia de compras públicas, contrataciones y adquisiciones.
Además, dijo, es preciso avanzar con las normatividades ya existentes, que van desde el nombramiento de nuevas autoridades hasta el diseño e instrumentación de políticas de programas de prevención, monitoreo, evaluación, medición y sanción de actos de corrupción.
Javier González, director de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción de México es innovador por tres características: su carácter sistémico, distinto a la tradicional institucionalidad; porque no descansa en una sola institución, sino en una diversidad de actores; y la integración de la participación ciudadana.
Lo comparó con el sistema anticorrupción de Australia, que tiene como ejes principales la protección de garantías constitucionales, la transparencia y rendición de cuentas, la criminalización de la corrupción, y la cooperación internacional.
La implementación será un proceso de aprendizaje a mediano plazo que implicará reformas constitucionales, y además habrá resistencia al cambio, señaló; y también será importante que el sistema acredite que se incrementará la probabilidad de sanción ante el comportamiento corrupto, lo que le daría credibilidad. “Necesitamos hacer visibles los costos del comportamiento corrupto para los agentes individuales”, dijo.
Ivana Rossi, especialista senior del Banco Mundial, refirió que, aunque el Sistema Nacional Anticorrupción es un instrumento que está contemplado en todas las convenciones internacionales, no existen estándares sobre cómo deben implementarse, por ello no hay un sistema que sea igual a otro; y cada país tiene una interpretación distinta de cómo implementar los sistemas de declaraciones de patrimonio e intereses.
Detalló que 161 países tienen como una obligación las declaraciones de patrimonio e intereses, pero sólo poco más de la mitad hace que éstas sean públicas, con acceso a la ciudadanía; pero con la verificación de la información que contienen, el porcentaje baja aún más.
Actualmente, comentó que existe una “gran ola por fortalecer la implementación de los sistemas existentes, con la intención de lograr efectividad”, pero los sistemas de declaración han sido subestimados y subutilizados en muchos países, y por ello en varias naciones se están reformando para aprovechar de mejor manera la información.
