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El senador panista Alberto Villarreal García presentó una iniciativa que busca otorgar facultades a la Secretaría de Educación Pública para abatir el fenómeno del bullying en todo el territorio nacional, al aplicar sanciones que van desde la suspensión definitiva hasta la realización de “trabajos especiales” por parte de los infractores.
El legislador explicó que en caso de que exista una conducta violenta de un estudiante hacia otro se levantará un reporte al autor o autores especificando la conducta realizada, y las sanciones a las que se han hecho acreedores.
Además, la dirección de la escuela citará a los padres o tutores de los agresores, para informarles del comportamiento de su hijo o pupilo y solicitará que se comprometa a tomar las medidas a su alcance, para inhibir este tipo de conductas, especificó.
En caso de reincidir, agregó, se suspenderá a los alumnos o al alumno por el tiempo que la dirección considere adecuado y durante este tiempo se encargará a los infractores la realización de trabajos especiales, a fin de que reflexionen sobre su proceder.
El legislador mencionó que en caso de que estas conductas continúen, los alumnos infractores serán dados de baja de la escuela y reubicados en otras, donde exista un lugar para ello.
Desde la tribuna el legislador expuso que su propuesta también tiene como objetivo de que la educación que imparte el Estado en sus diversas modalidades tenga como fin la realización de acciones y la prevención de conductas como la violencia física, verbal o moral.
Dijo que ante las graves carencias del sistema educativo, es necesario reconocer que el acoso escolar, mejor conocido como bullying, es uno de los principales motivos por los que alumnos de educación básica no alcanzan una promoción escolar de calidad debido al hostigamiento de otros y a la ineficiencia de los docentes por poner fin a esta situación.
Resaltó que el número de niños, niñas y jóvenes que se quitan la vida a consecuencia del bullying, va en aumento, por lo que es urgente tomar acciones en contra de este fenómeno que viola el libre derecho psicosocial de los menores dentro de todo el territorio nacional.
La iniciativa que busca reformar las leyes General de Educación, Orgánica de la Administración Pública Federal, y para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se remitió a las comisiones de Educación, y Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictaminación.
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