Número 328
- En el dictamen se incluye el concepto de reducción de riesgos de desastres y contempla el tema de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
- Cumple con la construcción de ciudades inclusivas, socialmente accesibles, compactas, sustentables y sensibles a cuestiones de género; presidenta de la Comisión de Vivienda.
El Senado de la República aprobó con 86 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, el dictamen que expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y reforma el artículo 3º de la Ley de Planeación, a fin de establecer las normas básicas e instrumentos de gestión, para ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos, con pleno respeto a los derechos humanos.
La resolución precisa el concepto de reducción de riesgos de desastres, como los esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los factores causales de los desastres, que incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, y una gestión sensata de los suelos y del medio ambiente.
También especifica que la Federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), será la encargada de elaborar programas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
También se establece que la planeación del ordenamiento territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano y de los Centros de Población estará a cargo, de manera concurrente, de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, de acuerdo a la competencia que les determina la Constitución y la ley.
Particularmente, destaca que la planeación y regulación del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población, se llevarán a cabo de acuerdo con el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Asimismo, precisa que los planes y programas de Desarrollo Urbano deberán considerar los ordenamientos ecológicos y los criterios generales de regulación ecológica de los asentamientos humanos establecidos en el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en las normas oficiales mexicanas en materia ecológica.
La nueva ley contempla que se debe priorizar en la población la adopción de nuevos hábitos de movilidad urbana y sustentable; y resalta que se debe respetar la movilidad en la siguiente jerarquía: personas con movilidad limitada y peatones, usuarios de transporte no motorizado, usuarios del servicio de trasporte público de pasajeros, prestadores del servicio de transporte público de pasajeros, prestadores del servicio de transporte de carga y usuarios de transporte particular.
Por otra parte, establece que los mecanismos para construir infraestructura primaria, servicios básicos, otras obras y acciones de interés público urbano, deberán atender a las prioridades que establecen la Estrategia Nacional y los planes y programas de Desarrollo Urbano aplicables, y deberán apoyar la movilidad urbana sustentable.
Asimismo, prevé que sin perjuicio de lo establecido por las disposiciones en materia financiera, las entidades federativas y municipios, para estar en posibilidad de ser sujetos de financiamiento para el desarrollo de los proyectos que incidan en el ámbito de competencia de la presente Ley, deberán cumplir con lo establecido por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Así como presentar a las instituciones de crédito el instrumento expedido por la autoridad competente, a través del cual se determine que el proyecto cumple con la legislación y los planes o programas en materia de desarrollo urbano.
Adicionalmente, la reforma a la Ley de Planeación, señala que para los efectos de dicha Ley, se entiende por planeación nacional de desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales así como de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.
Al presentar el dictamen, la senadora María Elena Barrera Tapia, a nombre de las comisiones dictaminadoras resaltó la precisión que se hace en el dictamen sobre el concepto de reducción de riesgos de desastres, así como la facultad que se brinda a la Federación para elaborar programas y acciones para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Puntualizó que se da mayor claridad a la coordinación que debe haber entre los diferentes niveles de gobierno y se elimina la clasificación de zonas metropolitanas estratégicas para evitar confusión y problemas de invasión de facultades por parte de la Sedatu respecto a las zonas con condiciones favorables para el desarrollo económico.
La legisladora del Grupo Parlamentario del PVEM, subrayó que la agenda urbana no espera a las modificaciones legales, pues las ciudades se transforman día a día, por lo que es obligatorio dar sustento al modelo urbano, con el propósito de generar uniformidad y ordenación en el territorio. Además, destacó que se cumple con la construcción de ciudades inclusivas, socialmente accesibles, compactas y sustentables, sensibles a cuestiones de género.
La senadora Angélica Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del PRI, precisó que con este dictamen se concluye un proceso importante, con miras a que en la Reunión Mundial de Hábitat en Quito, Ecuador, México sea punta de lanza, “siempre a la vanguardia en esta materia y presentar esta herramienta normativa y legislativa de vanguardia y de avanzada”. En esta iniciativa vamos por el derecho a la ciudad, y por el derecho a una ciudad humana para todos los mexicanos, argumentó.
Con esta ley, agregó, se garantiza a todos los habitantes el acceso a la infraestructura, equipamiento y servicios. Además, se prevén medidas para evitar que los proyectos u obras urbanas no pongan en riesgo la vida de los ciudadanos y para que en las ciudades haya más oportunidades para atraer y retener el talento, así como las inversiones.
Del mismo grupo parlamentario, la senadora Lorena Marín Moreno resaltó que la expedición de esta Ley genera nuevas reglas para el ordenamiento de las ciudades, la inclusión sustentable de las zonas rurales y detonar una nueva gobernanza para las zonas metropolitanas. Asimismo, prevé la transparencia en la planeación y la toma de decisiones, como piezas claves para consolidar un nuevo hábitat para los mexicanos.
Aunado a esto, precisó que la ley contempla los lineamientos a los que se deberán sujetar las autorizaciones, licencias o permisos realizados con las diferentes acciones urbanísticas; pone fin a los abusos en el uso de la tierra, y hace partícipes a los directamente involucrados con pleno respeto a la autonomía municipal, para que de acuerdo a sus realidades lleven a cabo ajustes a sus planes y programas municipales en materia de desarrollo urbano.
Por su parte, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PAN, destacó que en el dictamen no se contempló el cuidado de las tierras sociales por lo que invitó a revisar ese tema, pues se debe cuidar a la gente y su tierra, para que no haya más crecimiento urbano que al mismo tiempo deja a la gente en imposibilidad de crecer.
La legisladora destacó que la creación de un Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que tome las decisiones sobre las asambleas ejidales sobre a quién dar el uso urbanizable de la tierra, es un tema muy importante, pues desde su punto de vista, se debería de allanar a las leyes agrarias con el propósito de permitir la toma de decisión en las asambleas, a fin de respetar la propiedad social y el derecho de los propietarios a las tierras.
La senadora independiente Martha Tagle Martínez expresó que el dictamen incorpora una correcta apreciación sobre el tema de la reducción de riesgos de desastres, porque en el tema de asentamientos humanos es fundamental.
Además, subrayó la incorporación del tema de efecto invernadero, para dar cumplimiento a demandas sobre cambio climático, así como la inclusión de diversos temas, como las zonas metropolitanas estratégicas y el asunto de la movilidad urbana.
La senadora Calderón Hinojosa presentó una reserva a los artículos 15 y 16 del dictamen, misma que no fue admitida por el Pleno, por lo que fue aprobada en los términos del dictamen.
