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El Senado de la República exhortó al gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, a que gire instrucciones a las autoridades competentes, con el objetivo de que se garanticen plenamente los derechos humanos del ex gobernador de la entidad, Pablo Salazar Mendiguchía.
De igual forma, solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que inicie y atraiga el caso mediante la vía de una queja de oficio, a efecto de que se preserven las garantías por los procesos iniciados en su contra.
Al presentar el punto de acuerdo que fue aprobado de urgente resolución, el senador perredista Carlos Sotelo García explicó que el proceso que se le sigue a Pablo Salazar no es aislado, ya que en Chiapas se ha “construido un clima de hostigamiento y persecución de autoridades locales en contra de adversarios, críticos, opositores y líderes sociales”.
Ello, refirió, demuestra el uso incorrecto en la procuración y administración de la justicia local, ya que “como verdaderos actos de intimidación contra el ex gobernador en los últimos meses se han librado 54 órdenes de aprehensión en contra de su colaboradores”.
Más allá de que pudieran existir o no hechos visibles que provocaran sospecha en contra de los ahora inculpados, se debería partir del principio constitucional de presunción de inocencia.
Indicó que familiares y abogados defensores han puesto en evidencia ante la opinión pública la posible violación de diversas garantías constitucionales que rigen el proceso penal.
De igual forma, mencionó que la detención de Salazar Mendiguchía por los supuestos delitos de peculado y asociación delictuosa, entre otros, se dio apenas un par de días después de que emitiera “fuertes denuncias” en un programa de noticias en contra del actual gobernador de la entidad.
“La averiguación previa derivó de una denuncia anónima y se integró en menos de una semana, se consignó al juez penal un expediente de 21 tomos, quien en menos de dos horas dictó la orden de aprehensión que consta de mil fojas, ese mismo día, agentes de la Procuraduría chiapaneca detuvieron a Pablo Salazar en el aeropuerto de Cancún”, apuntó.
En tal sentido, agregó, es difícil que se hubiera cumplido con estos procedimientos en una sola tarde, por lo que su detención fue prácticamente de facto y sin que se hubieran cumplido todas las formalidades del procedimiento”.
También del PRD, el senador José Luis Máximo García Zalvidea aclaró que “no se trata de dictaminar si el señor Pablo Salazar es inocente o culpable, ya que eso depende del Poder Judicial”.
Aquí no estamos para proteger la impunidad de ninguna manera, simplemente se trata de que prevalezca el Estado de justicia, el derecho al debido proceso y el respeto a los derechos humanos más fundamentales, recalcó.
Sin embargo, consideró que “mientras nuestras leyes permitan el hecho de que un adversario político, sea encarcelado utilizando de manera facciosa los instrumentos del poder estos casos van a seguirse presentando de una forma terrible e insostenida”.
Por su parte, el senador Arturo Escobar y Vega resaltó que este “es un tema de absoluto escándalo por la forma que se ha gobernado Chiapas del 2000 al 2006”.
Es tan escandaloso --añadió-- que en 2005 el Hospital de Comitán fue víctima de la no entrega de recursos económicos por parte del gobierno del estado.
A propuesta del senador del PVEM, se pidió que la CNDH informe el estado que guardan las recomendaciones que emitió por la muerte de 35 bebés en el Hospital de Comitán, Chiapas.
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