Número 265
- Senadores llaman a realizar una elección responsable y no política de las siete personas que integrarán la Sala Superior.
- La estabilidad democrática y política del país está en juego, señalan.
La Comisión de Justicia aprobó el dictamen que determina que, los 21 candidatos propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos por la ley.
Las siete ternas enviadas por la SCJN están conformadas por Carlos Emilio Arenas Bátiz, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, José Luis Vargas Valdez, Claudia Mavel Curiel López, Silvia Gabriela Ortiz Rascón, Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña, Rodolfo Terrazas Salgado, Marco Antonio Zavala Arredondo, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Jorge Meza Pérez y Ricardo Ojeda Bohórquez.
Asimismo, por Berenice García Huante, Janine Madeline Otálora Malassis, María del Pilar Parra Parra, Indalfer Infante Gonzáles, Eugenio Reyes Contreras, Ángel Zarazúa Martínez, Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez, Reyes Rodríguez Mondragón y Jorge Sánchez Morales.
El senador Fernando Yunes Márquez, presidente de la Comisión, explicó que una vez concluidas las comparecencias –que en total tuvieron una duración de más de 30 horas– se procedió al estudio de la documentación presentada por los aspirantes.
Indicó que en las comparecencias los no sólo los senadores hicieron preguntas a los candidatos, sino que además se recibieron 67 preguntas por parte de organizaciones de la sociedad civil, facultades de derecho e institutos de investigaciones en materia jurídica, las cuales fueron formuladas mediante sorteo.
Reconoció que el Senado tiene un problema “bastante grave” y “una laguna legal enorme” en los procesos de nombramientos, principalmente en materia judicial, por lo que es indispensable estandarizar el procedimiento de selección en casos de este tipo. Me parece que es un buen momento para que lo hagamos como Comisión, consideró.
En este sentido, expuso que también existe un problema en la manera en que se eligen y la temporalidad que tendrán en el cargo; “y la realidad es que se va a hacer de una manera política”. Por ello, es necesario terminar con esas lagunas y trabajar para que la próxima Legislatura tenga un ordenamiento jurídico que le dé mucha más claridad y participación en decisiones de esta naturaleza.
Yunes Márquez pidió responsabilidad en las designaciones, a efecto de que no sea una elección política, pues va de por medio la estabilidad política del país. Agregó: “cuando nosotros nos vayamos de aquí en 2018, cuando terminemos como senadores, si el país por malas decisiones de la Sala Superior entra en una crisis política-democrática” los mexicanos recordarán que fue el Senado quien integró el Tribunal.
El senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, expresó que elegir a los siete integrantes del Tribunal Electoral se debe de hacer con “enorme responsabilidad”, pues se trata de fortalecer una institución de vital importancia para la vida democrática del país, de cara a la elección presidencial de 2018.
Advirtió que el voto de los senadores no tiene que responder a intereses de grupos parlamentarios, ni a influyentismos, “ni que alguien sienta que ya está beneficiado por una designación previa”. El compromiso que debemos hacer es no poner en jaque la credibilidad del Tribunal, como ya ha sucedido antes, subrayó
La senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI, consideró difícil la toma de decisiones en las ternas, ya que muchos de los candidatos cumplen de manera importante el principio de idoneidad, de elegibilidad y de trayectoria jurisdiccional; el proceso será muy acucioso porque la experiencia, la capacidad y el talento están de sobra mostrados en varios de los aspirantes.
En cuanto a la paridad en la integración de la Sala Superior, dijo que la integración de las ternas limitó al Senado para poder elegir a más mujeres. “Creo que la misma capacidad de experiencia y trayectoria jurisdiccional de una mujer y de un hombre nos da para no acotarlas y para que tengan más oportunidades de competir. Esperemos que el resultado sea óptimo para la democracia en 2017 y 2018”, añadió.
La senadora independiente Martha Tagle Martínez refirió que a los nuevos integrantes de la Sala Superior les esperan los procesos electorales que ya están iniciando en varios estados, calificar la elección presidencial, y además tendrán en sus manos 30 procesos electorales concurrentes.
Lamentó que sólo hubiera dos ternas integradas por mujeres, ya que en las comparecencias quedó claro que varias de ellas no solamente fueron superiores en su grupo, sino superiores a todos los candidatos. Dijo que no se precisa con claridad en el proceso de elección la temporalidad en la que habrán de ser seleccionados.
El senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, mencionó que en diversos medios de comunicación ya se ventila la “tentación” de los magistrados actuales de “dejar herencia”, para seguir con “intereses ocultos o de otra naturaleza, como perpetuarse, como influir, como querer someter a quienes habrán de impartir justicia, me parece sumamente delicado”.
Por ello, pidió a los senadores que “seamos cuidadosos a la hora de la elección y de la votación”, porque no es menor el asunto; está en juego la vida democrática del país, “no vayamos después a padecer una justicia electoral por consigna o una justicia electoral de intereses”.
Por el Grupo Parlamentario del PVEM, el senador Carlos Alberto Puente Salas, negó que haya “cartas marcadas” y aseguró que se trata de un proceso transparente, abierto, por lo que “no hay cartas ni dados marcados ni favoritos ni ternas de uno”.
Los miembros del Tribunal que están por elegirse requieren contar con la máxima legitimidad. De ahí, la gran responsabilidad que tiene el Senado al decidir la integración de este órgano jurisdiccional en materia electoral; se debe responder a las expectativas que hoy tiene México.
Previamente, la Comisión de Justicia aprobó un dictamen que busca modificar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Lo anterior, con el objetivo de adicionar un tipo penal de trata de personas que se refiere a la explotación con fines económicos o laborales de menores de 15 años en avenidas, calles, cruceros, ejes viales o cualquier otra vía de circulación, que ponga en riesgo su integridad emocional, física, psicológica y de salud.
