Número-262
- Presentó una iniciativa para adicionar el Reglamento del Senado y que en los proyectos referentes a temas sociales y culturales se anexe dicha evaluación.
- El informe de impacto de género facilitará la integración transversal de la perspectiva de género en la elaboración de leyes, dijo.
La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa que propone adicionar un numeral 6 a la fracción VII del artículo 169, y una fracción VII al numeral 190 del Reglamento del Senado de la República, para que las iniciativas que se presenten, referentes a temas sociales y culturales, se les anexe la evaluación del impacto de género.
Dicha evaluación implica el impacto potencial de la propuesta legislativa en la situación y condición de las mujeres respecto a los hombres, y si la norma tendría repercusiones positivas o negativas para eliminar la desigualdad entre ambos sexos y asegurar la igualdad sustantiva, explicó.
Abundó en que se ha dejado de lado el aspecto científico, por dar preferencia al impacto presupuestal que tendrá. “Queremos que la legislación que se produce aquí, el derecho positivo que alcanzamos, tenga este impacto de género”, refirió.
La iniciativa señala que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) mandata a los Estados Parte la adopción de medidas especiales de carácter temporal tendientes a acelerar la igualdad entre ambos sexos.
Subrayó que la evaluación de impacto es uno de los cinco criterios establecidos por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para realizar evaluaciones, junto con el de eficacia, eficiencia, pertinencia y sostenibilidad.
El informe de impacto de género facilitará la integración transversal de la perspectiva de género en la elaboración de leyes, dijo la senadora Diva Gastélum.
La iniciativa, que también es firmada por la senadora Angélica De la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, fue turnada las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos para su análisis.
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