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El senador Francisco Alcibíades García Lizardi solicitó un informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el estado de avance que guarda el proceso iniciado por particulares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se señala al Estado mexicano como responsable de la matanza de Acteal.
Dijo que el 22 de diciembre de 1997 ha quedado marcado como una de las fechas más negras, sangrientas y vergonzosas en la historia reciente de nuestro país, pues “el entonces presidente Ernesto Zedillo --con acciones y omisiones-- propició que 45 indígenas fueran brutal y cobardemente masacrados por un grupo paramilitar”.
El legislador del Movimiento Ciudadano resaltó que “a casi 15 años de este crimen sigue siendo inaceptable el argumento de que la matanza de Acteal simple y llanamente se trató de un enfrentamiento entre grupos rivales”.
“Menos aún se puede pensar que hubo razones de Estado para el despliegue de la guerra de baja intensidad que promovió y ejecutó el ex presidente en contra de las comunidades chiapanecas, simpatizantes del EZLN o que se manifestaban neutrales en el conflicto”, agregó.
Refirió que en septiembre pasado se dio a conocer que familiares de las víctimas de Acteal demandaron en Estados Unidos al ex titular de Ejecutivo por su presunta responsabilidad en la ejecución de 45 indígenas.
La demanda, presentada el 16 de septiembre de 2011 ante una corte federal en el estado de Connecticut, exige la compensación por crímenes de guerra y contra la humanidad, así como por asesinatos extrajudiciales, intentos de asesinato extrajudiciales, trato cruel e inhumano y privación de los derechos civiles como el de asociación política.
En el documento se señala que la masacre de Acteal “fue resultado de un presunto plan denominado Chiapas 94, que buscó acabar con el movimiento insurgente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional”.
El proceso contra el ex presidente Ernesto Zedillo, precisó García Lizardi, “no contempla su encarcelamiento, sino la compensación --monetaria y de otros tipos-- para reparación de daños”.
En este contexto, la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó ante el gobierno de Estados Unidos una solicitud para que se otorgue al ex presidente inmunidad diplomática, pero no ha expuesto la argumentación jurídica en que fundamentó tal petición, dijo en el punto de acuerdo que se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.
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