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El senador priista Raúl Mejía González presentó una iniciativa, a fin de crear la Ley Federal de Casas de Empeño “como una medida legislativa tendiente a procurar una regulación homogénea para estos establecimientos, independientemente de que la operación se encuentre a cargo de una persona física o moral”.
Desde la tribuna, el legislador señaló que en la actualidad existe un mercado negro de la actividad prendaría, “que en los últimos años ha crecido de manera descontrolada generando todo tipo de abusos que ponen en riesgo a la actividad en su conjunto”.
En este sentido, indicó que al día de hoy existen en México aproximadamente 5 mil establecimientos que ofrecen este tipo de servicios y cuya naturaleza jurídica es de dos tipos: instituciones de asistencia privada y sociedades mercantiles.
Por ello, dijo, la propuesta busca establecer los criterios y controles que rijan la apertura y funcionamiento de este tipo de negocios, así como dar certeza a los consumidores.
De igual forma, instituye los requisitos para el establecimiento de mecanismos de verificación y sanción por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor y el otorgamiento de permisos para que poder operar por parte de la Secretaría de Economía.
Asimismo, subrayó que de aprobarse esta ley no se establecerían rangos a los avalúos y los peritos evaluadores serán certificados por la SE.
Otro de los objetivos, agregó, es tutelar el patrimonio de los usuarios que han ofrecido algún bien como garantía, además de impedir que vulneren sus derechos.
Derivado de las crisis económicas y financieras, y aunado a la incapacidad del sistema crediticio, en las últimas décadas “más y más mexicanos se ven en situaciones adversas e incurren en la práctica del préstamo prendario lo que explica la súbita proliferación de las casas de empeño en todo el país”, enfatizó.
Ante este panorama, consideró que al regular las casas de empeño esteremos ayudando a la economía de las personas más desfavorecidas que requieren de la protección del Estado.
No hay nada más conveniente para los consumidores que una regulación de esta actividad, hasta ahora escasamente vigilada y que ha dejado a miles de usurarios en estado de indefinición, puntualizó.
La iniciativa se envió a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos Segunda.
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