Número-162
- El presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero Morales instruyó a la Dirección Jurídica a informar sobre lo que requirió la senadora.
- Se pide a la Fepade investigar y, y en su caso, ejercitar acción penal para casos en las entidades federativas.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, planteó un punto de acuerdo por el que llama a la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República (Fepade) a investigar, consignar y, en su caso, ejercitar la acción penal correspondiente para los casos de violencia política en contra de mujeres en las entidades federativas.
Además, solicita a los organismos públicos locales y tribunales electorales estatales, establecer e implementar protocolos para atender la violencia política contra las mujeres, tomando como referente el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las mujeres implementado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales y el Instituto Nacional de las Mujeres.
La propuesta, prevé también exhortar a la Junta de Coordinación Política del Senado a emitir las normas orgánicas para regular el funcionamiento de los tribunales electorales estatales, su forma de organización y el procedimiento para la imposición de sanciones; así como desahogar los procedimientos de remoción y sustitución pendientes de su dictaminación que mandata la sentencia SUP-JDC-4370/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Dicha sentencia se refiere al caso de la magistrada Yolanda Pedroza Reyes, del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, en el que la Sala Superior determinó que fue víctima de violencia política por parte de sus pares magistrados, quienes le aseguraron sus oficinas y le impidieron el acceso a información y documentación necesaria para el adecuado ejercicio de su función.
Al presentar su propuesta, la legisladora manifestó su preocupación por que el tema de la violencia política contra las mujeres en las entidades federativas, “se vuelva recurrente en los próximos días, semanas y meses”.
Luego de mencionar que el Senado de la República ha conocido diversos casos que implican violencia política contra mujeres, destacó el de Claudia Carrillo Gazca, consejera electoral del Organismo Público Local Electoral en Quintana Roo, quien denunció ante las instancias correspondientes actos de violencia política contra su persona y de integrantes de esa institución, por parte de Víctor Venamir Vivas, magistrado presidente del Tribunal Electoral de la entidad y funcionarios del el organismo electoral y del Poder Judicial del Estado.
La legisladora precisó que la Fepade ya solicitó medidas cautelares para proteger a la consejera de las amenazas, quien recibe ayuda psicológica para no ceder ante las presiones para que renuncie, y censuró que el presidente del organismo electoral, sea quien dirige las actitudes alevosas, ventajosas de hostigamiento, amenazas y de presión a quienes no coinciden o no se alinean a sus objetivos.
En este sentido, la senadora Angélica de la Peña llamó al Pleno a tomar medidas profundas, alertarse y prevenirse “porque se puede venir como una bola de nieve estas amenazas y hostigamientos a mujeres que ocupan este tipo de encargos”, mismo que padecen los hombres, pero que en el caso de las mujeres, por su condición de mujeres es mucho más complejo.
El presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero Morales instruyó a la Dirección Jurídica para que integre e informe lo que ha solicitado la senadora y turnó los resolutivo, por separado, a la Comisión para la Igualdad de Género y a la Junta de Coordinación Política, respectivamente.
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