Número 160
- Ley para prevenir y eliminar la discriminación y Conapred son herramientas para combatir la injusticia y hacer visibles estas comunidades: senadora Blanca Alcalá.
- El origen afromexicano tiene que estar establecido en la Constitución, señala la senadora Diva Gastélum.
Las senadoras Blanca Alcalá Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva; Diva Hadamira Gastélum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género; y especialistas, coincidieron en que es momento de legislar sobre el reconocimiento de las comunidades y pueblos afromexicanos.
En el marco del foro “Sobre los derechos colectivos de los pueblos y las comunidades afromexicanas”, la senadora Alcalá Ruiz resaltó las reformas del 2006 y 2011 en materia de derechos humanos, la prohibición expresa de la discriminación motivada por el origen étnico; la Ley General para Prevenir y Eliminar la Discriminación y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) a las que consideró herramientas para combatir la injusticia y hacer visibles a las comunidades de los pueblos negros.
No obstante, cuestionó si esto es suficiente; si es todo lo que se tiene que hacer o hay deudas qué se tienen que saldar con esta comunidad. Consideró que aún existen cosas en las que se debe avanzar en relación con las políticas públicas e incluso, de cara a la discusión del Presupuesto de Egresos.
Resaltó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), estas comunidades representan 1.2 por ciento de la población mexicana, es decir, alrededor un millón 400 mil personas distribuidas en más de 400 comunidades de los estados de Oaxaca, Guerrero y Veracruz, principalmente.
Destacó que el artículo 2º constitucional, que establece derechos reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas respecto de la libre determinación y autonomía, es extensible a todas las comunidades que pueden ser equiparadas.
La senadora Gastélum Bajo subrayó que hay temor a reconocer que la línea de origen afromexicano debe estar establecida en la Constitución Política y, por ende, el reconocimiento a estas comunidades.
“Estamos en una buena oportunidad de revisar las iniciativas sobre el tema, le pido a Blanca que nos ayude con el presidente Pablo Escudero para la iniciativa que fue presentada de 2015, sobre el reconocimiento de los afrodescendientes, a una iniciativa que aún está ahí y que no tiene impacto presupuestal, es un reconocimiento a una población que tenemos en el país”, comentó Gastélum Bajo.
Leticia Bonifaz Alfonso, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseveró que las comunidades afrodescendientes tienen como única posibilidad de acceso a los derechos hacer analogía con los pueblos indígenas para apelar a este reconocimiento de pluriculturalidad del artículo 2º constitucional.
Alexandra Hass Pacuic, presidenta del Conapred sostuvo que el Estado mexicano tiene una deuda histórica con la población afrodescendiente, pues a lo largo de los años se ha invisibilizado la diversidad, y expuso que nuestras leyes, políticas e instituciones ignoran a estas comunidades y sus necesidades específicas.
María Elisa Velázquez Gutiérrez, del Instituto Nacional de Antropología (INAH), recordó que hay diversas iniciativas tanto en la Cámara de Diputados como del Senado, sin embargo, hasta el momento los representantes del pueblo mexicano no han respondido a esta demanda.
Finalmente, Beatriz Amaro Clemente, de la Red de Mujeres de la Costa Chica, enfatizó que con miras al Censo 2020, éste debe ser más incluyente, tome en cuenta la identidad y el reconocimiento efectivo, que se logrará sólo con el compromiso y voluntad política.
