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La Cámara de Senadores exhortó al Consejo Mexicano del Desarrollo Rural Sustentable a que revise la operación de los programas agropecuarios y la entrega de recursos destinados a los productores agrícolas, para que los apoyos se hagan llegar de manera equitativa.
En la sesión de este martes, el pleno senatorial también solicitó al Consejo un informe detallado sobre dicha verificación.
El punto de acuerdo se aprobó luego de que el senador Luis Walton Aburto, del Movimiento Ciudadano, presentara una modificación al dictamen que dejaba sin materia la solicitud para que fuera la Secretaría de Agricultura quien revisará los programas.
Walton Aburto afirmó “que no es la primera vez que se niega la revisión de los programas del gobierno federal, aun cuando es evidente que su diseño e implementación han sido insuficientes”.
Destacó que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece que las actividades agrícolas deberán elevar la productividad, rentabilidad, competitividad, ingreso y empleo de los campesinos.
Pero en la realidad ocurre lo contrario porque los programas gubernamentales de apoyo al campo “sólo han beneficiado a la burocracia y a los caciques rurales, quienes fungen como intermediarios”.
Expuso que en 2009 la Auditoría Superior de la Federación observó que el 10 por ciento del total de los beneficiados del Procampo se concentró en el 53 por ciento de los subsidios y sólo el nueve por ciento de las transferencias del Programa de Ingreso Objetivo llegó al 75 por cientos de los pequeños productores.
Por su parte, el senador panista Alberto Cárdenas Jiménez consideró que no se pude pedir a un Consejo Mexicano, “que no tiene presupuesto y estructura y que se reúnen cada mes, analizar y opinar sobre los programas y problemas agropecuarios”.
Aseguró que en materia agroalimentaria existe una matriz de nueve divisiones para la asignación del presupuesto del campo que proponen los gobiernos estatales y que toma en cuenta la región y el nivel socioeconómico del productor.
Además, las reglas de operación son revisadas dentro del seno del Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable.
Así, afirmó, los productores pequeños de maíz, fríjol, carne, café y fruticultores “reciben más subsidios que nunca”.
Por el PRD, el senador Armando Contreras Castillo consideró urgente que el Consejo haga una evaluación de los programas, porque así se aclarará la distribución presupuestal, el impacto de la política agropecuaria y el ejercicio de los recursos para el campo.
Si bien es cierto que se hacen convenios entre el gobierno federal y los gobiernos locales para reactivar el campo mexicano, advirtió, “hoy con mucha pena vemos que más de cinco mil 350 millones de pesos del 2011 no se entregaron a varios estados de la República”.
Su compañero de bancada, Arturo Herviz Reyes hizo notar que a pesar de que se han aprobado recurso históricos para el campo, “estamos importando más del 43 por ciento de alimentos”, por lo que la conclusión es que el campo está olvidado.
Por su parte, el senador Dante Delgado recordó que el Procampo se creó al aprobarse el Tratado de Libre Comercio para que en tan solo 14 años pudiéramos superar la simetría que existía entre el medio rural de Estados Unidos y Canadá.
Sin embargo, ante el abandono del campo mexicano se tomó la decisión de continuar otorgando Procampo, en lugar de elevar el nivel de productividad y de competencia del sector agropecuario.
Actualiza Senado 77 leyes
El Senado reformó 77 leyes federales para actualizar todos aquellos artículos que hacen referencia a las secretarías de Estado cuya denominación fue modificada y eliminar la mención de los departamentos administrativos que ya no tienen vigencia.
Sobre el tema, el senador panista Jorge Ocejo Moreno resaltó la importancia del decreto porque ordena todas las denominaciones y con ello se da certeza jurídica en su aplicación.
La denominación de las secretarías de Estado que se citan en las leyes, dijo, debe ser concordante en nuestro orden jurídico, por lo que debe de existir una actualización en los ordenamientos federales.
El dictamen se envió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
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