Número-136
- Destaca la senadora Angélica de la Peña aprobación de ley contra la tortura y ordenamientos reglamentarios de los artículos 29 y 33 constitucionales.
- Legisladores y Ombudsman hacen llamado a Cámara de Diputados para que apresure la ratificación de dichas leyes.
La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, que preside la senadora Angélica de la Peña Gómez, presentó en la antigua casona de Xicoténcatl su informe de labores correspondiente al periodo 2015-2016, donde destacó la aprobación de diversos ordenamientos en esta materia.
De la Peña Gómez explicó que en este lapso se aprobó la Ley de Ejecución Penal, cuyo objetivo es normar el funcionamiento, organización y conducción de los centros penitenciarios, así como garantizar la reinserción social.
Asimismo, refirió que también se logró la aprobación de la Ley del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, que busca establecer un mecanismo más benigno que pueda determinar acciones de prevención y de reinserción de jóvenes que infractores.
Del mismo modo, destacó el respaldo de los senadores a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que se encuentra en la Cámara de Diputados para ser debatida.
La legisladora recordó que el Senado también aprobó los proyectos de las leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33 constitucionales en materia de suspensión de garantías y expulsión del territorio nacional de personas extranjeras.
No obstante, ambos ordenamientos se encuentran en la Cámara de Diputados en espera de ser discutidos, por lo que hizo un llamado a la colegisladora para que se apreste al análisis y aprobación de estos dos temas, así como a la aprobación del dictamen en materia de tortura y otros tratos crueles y degradantes.
En medio de una situación muy complicada para el país, la Comisión de Derechos Humanos trabaja para que México tenga mejores leyes, que garanticen la protección de estos principios para todos los mexicanos, enfatizó.
La senadora Marcela Torres Peimbert, secretaria de la Comisión, refirió que México enfrenta grandes retos en materia de derechos humanos, pues vive un entorno “deplorable”, donde según datos del Registro de Personas Extraviadas existen 27 mil 659 individuos en esta condición, cifra que aumenta día con día.
Aunado a ello, dijo que el país ocupa el lugar 58 de 193 estados en materia de impunidad, hay una baja proporción de justiciabilidad, pues sólo hay cuatro jueces por cada 100 mil habitantes; únicamente se denuncia uno de cada 10 delitos; 89 por ciento de las agresiones contra periodistas siguen impunes, y los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya y Tanhuato se suman a las cifras de desapariciones forzadas, propios de un contexto de guerra, pero impensables en un régimen democrático como el que se presume en México.
La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, también secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, hizo un reconocimiento al trabajo de la Comisión durante este periodo de labores.
A la prsentación del infrome asistió Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien se sumó al exhorto a la Cámara de Diputados para que discuta y materialice las reformas a las leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33 constitucionales, así como la minuta que contiene el proyecto de ley contra la tortura.
Resaltó que son varios los aspectos que se pueden destacar y los avances registrados; no obstante, todavía hay temas pendientes en la agenda legislativa que, con necesidad de urgencia, demandan atención como la armonización normativa para que los organismos de derechos humanos gocen de los recursos y capacidades para el desempeño de sus atribuciones.
Asimismo, dijo que se requiere fortalecer los mecanismos públicos de derechos humanos para que ejerzan su autonomía ante restricciones, muchas veces presupuestales, que se legisle en una ley sobre la consulta previa, libre e informada para comunidades indígenas y sobre desplazados internos.
También urgió a aprobar la ley contra la desaparición forzada, con el objetivo de dar certeza a los familiares de las víctimas de desaparición. Consideró que es preciso que la tarea legislativa, en el ámbito de derechos humanos, asuma un enfoque estratégico partiendo de la realidad que se busca regular y contemple los costos económicos de las reformas para su instrumentación.
En tanto, María del Carmen Alanís Figueroa, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, opinó que se ha dado “un paso monumental” en la legislación que parte de principios constitucionales para regir la protección de los derechos humanos catalogados en la Carta Magna.
Señaló que las piezas legislativas producidas por la Comisión se caracterizan por una clara planeación en la tutela de esos principios y en la prevención, además de que se pone énfasis en que el Estado mexicano, en todos los órdenes de gobierno, diseñe políticas públicas y tome las acciones necesarias para la atención de las víctimas.
Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mencionó que en el tema migratorio México debe avanzar en la confección de un nuevo marco normativo, que reconozca penamente el derecho de todas las personas a buscar y recibir asilo y garantizar los principios rectores para la protección de la niñez migrante.
Dijo que la ley sobre las personas desaparecidas aguarda cada día con mayor impaciencia su aprobación en el Senado. Dicho ordenamiento, agregó, además de brindar una respuesta integral a la problemática que enfrenta el país en esta materia, debe ser confeccionada desde el sentir de las víctimas y sus familias y colocar en la médula de su arquitectura la búsqueda efectiva de las personas, cuyo paradero se desconoce.
En su turno, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, subrayó la disposición de la Comisión de escuchar y mantener un diálogo abierto con la academia y la sociedad civil.
María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, dijo que gracias al trabajo de la Comisión este mecanismo cuenta con ideas puestas desde a sociedad civil y con los estándares más altos para su implementación.
A su vez, José Guadalupe Medina Romero, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, explicó que los derechos humanos están relacionados con ámbitos de la vida política y económica, por lo que su universalización, interdependencia y progresividad son los cimientos de desarrollo sustentable, de la calidad de vida democrática y la materialización de la dignidad humana.
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