Número-123
- En 2013, se registró que trabajaban dos millones 536 mil 693 niñas, niños y adolescentes.
- Exhorto a 16 estados para prohibir en su legislación el maltrato corporal.
El Senado de la República pidió al Ejecutivo Federal que, a través de las secretarías de Trabajo y Previsión Social (STyPS) y de Desarrollo Social (Sedesol), garantice el cumplimiento de los derechos previstos a favor de las niñas y niños víctimas de explotación laboral y fortalezca las acciones que permitan erradicar el trabajo infantil en todo el país.
A las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, les exhortó a robustecer los mecanismos apropiados para supervisar y erradicar el trabajo infantil e imponer sanciones a quien, haciendo uso de esa práctica, contravenga la ley.
En el dictamen de punto de acuerdo, avalado por el Pleno, se destaca que las condiciones económicas estructurales del país no han logrado impulsar el desarrollo social en las esferas media y baja de la sociedad, por lo que miles de niñas, niños y adolescentes tienen que trabajar y, en la mayoría de los casos, son explotados o incluso llegan a presentar rasgos de esclavitud, por los bajos salarios, jornadas extenuantes, trabajos peligrosos, alojamientos insalubres, entre otros.
En el mejor de los casos, logran autoemplearse sin que ello signifique una mejora notable en su vida cotidiana, o bien, trabajan sin obtener alguna remuneración.
De acuerdo con el documento “Construcción de políticas públicas para la prevención del trabajo infantil”, de la STyPS, en México existían dos millones 536 mil 693 niñas, niños y adolescentes trabajando en 2013; es decir, cerca del nueve por ciento de los 29.3 millones de menores cuyas edades fluctúan entre los 5 y los 17 años de edad.
Dicho reporte también señala que la ocupación laboral infantil se da, en mayor o menor medida, en todas las entidades de la República. Por tal motivo, agrega, se establecieron acciones de corte programático-administrativo, legislativo y la ratificación de instrumentos internacionales.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, senadora Martha Elena García Gómez, señaló que la legislación mexicana ha sido modificada a fin de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes; se modificó la edad mínima para trabajar, tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo. En el contexto internacional, se ratificó el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de la edad mínima para trabajar.
Las bases legales y de colaboración entre los diversos sectores sociales, puntualizó, están dadas para continuar la lucha contra el trabajo infantil que quebranta el orden jurídico, violenta los derechos básicos de un segmento poblacional altamente vulnerable e impide que la sociedad acceda a niveles de desarrollo más satisfactorios.
El senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del PRI, resaltó que para combatir el trabajo infantil se requiere un esfuerzo coordinado de todas las instituciones del Estado mexicano, la iniciativa privada y de la sociedad civil, pues solo así se garantizará el desarrollo que asegure el interés superior de la niñez.
Por otra parte, destacó que es lamentable que los niños que trabajan no asistan a la escuela. En 2013, nueve de cada cien niños o adolescentes trabajaban; de los cuales, más de 36 por ciento no asiste a la escuela y 64 por ciento combina trabajo y estudio, aspecto que deriva en el bajo rendimiento en su educación. El problema, agregó, se debe atender con programas y políticas públicas transversales, con perspectiva de derecho y de género orientados a atender y erradicar los casos denunciados en el país.
El senador del Grupo Parlamentario del PRD, Fidel Demédicis Hidalgo, subrayó que el dictamen debe ser atendido con carácter de urgente y no ser solamente un lamento del Senado mexicano, pues es necesario vigilar que niñas, niños y adolescentes tengan garantizados sus derechos fundamentales.
Resaltó también que el Senado ha hecho su trabajo, al realizar las reformas pertinentes. “Por nosotros no ha quedado y lo tenemos que decir fuerte, el responsable de que los niños y las niñas no tengan a salvaguarda sus derechos humanos es el Ejecutivo federal, por eso este exhorto no puede ser uno más, le tenemos que dar seguimiento para que se respete lo que hemos plasmado en la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”.
El senador Zoé Robledo Aburto, del mismo grupo parlamentario, reiteró que este dictamen no puede ser una “nueva llamada a misa” y subrayó la alerta emitida por Thomas Wissing, de la Organización Internacional del Trabajo, al reconocer que se debe atender el tema del trabajo infantil desde el ámbito local.
Esto, dijo, porque en el diagnóstico de la OIT se estableció que en los tres estados más pobres: Oaxaca, Guerrero y Chiapas, hay casi medio millón de niños trabajando, y que gran número de ellos son explotados y están en una condición de trata para explotación laboral, en particular con fines de comercio ambulante.
En otro dictamen de la misma Comisión y avalado en la sesión de este día, el Senado de la República exhortó a los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán a incorporar en su legislación la prohibición expresa del castigo corporal a los niños, niñas y adolescentes.
Adicionalmente, se solicitó al Ejecutivo Federal realizar una campaña nacional con el objetivo de crear conciencia sobre formas positivas, no violentas y participativas de la crianza de niñas y niños.
De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud 2014, una cuarta parte de los adultos declararon haber sufrido maltratos físicos en su infancia, mientras que una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres señalaron haber sufrido abusos sexuales en la infancia.
La situación de maltrato, a través de castigos corporales y tratos humillantes en el país, no suele ser visible debido a que son pocos los casos denunciados ante las autoridades.
Según de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aumentó el índice de menores atendidos por maltrato infantil a nivel nacional, de 2001 a 2011, al pasar del 97 por ciento al 100.08 por ciento en 2011.
La senadora Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del PRI, dijo que es urgente eliminar el maltrato físico a los menores, como lo establece la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la Convención de los Derechos del Niño.
Con ello se busca establecer las condiciones que le permitan a la niñez desarrollar la personalidad, aptitudes, capacidad mental y física de manera óptima, pues este es un problema mayúsculo en el país, señaló.
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