Los senadores priístas Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón propusieron reformar la Ley General de Población para que la Secretaría de Gobernación brinde atención a menores de edad que sean repatriados y que en el exterior hayan cometido una probable conducta ilícita.
Los legisladores explicaron que con dicho planteamiento se busca garantizar que reciban servicios especializados para su protección y su plena integración social.
Los actuales términos de la Ley General de Población y su Reglamento son insuficientes e incapaces de responder a las exigencias del fenómeno migratorio, señalaron.
Dicha norma se basa en una visión restrictiva de la misma, resultando incongruente y contraria a disposiciones internacionales que en materia de migración y derechos humanos ha suscrito México.
Al presentar la iniciativa añadieron que es innegable que la política gubernamental y la legislación actual fomentan graves abusos de poder, provocando numerosas violaciones a los derechos humanos de los migrantes.
Refirieron que según Relaciones Exteriores en 2008 un total de 173 menores fueron repatriados de Estados Unidos y declararon que migraron para traficar estupefacientes o para colaborar con las bandas dedicadas al tráfico de indocumentados.
Mientras que para 2009 las cifras revelaron que las organizaciones criminales emplearon a un mayor número de niños y adolescentes para sus operaciones.
Finalmente, expusieron que ante la falta de oportunidades educativas y laborales en México “la población infantil es fácilmente cooptada por quienes manejan el millonario negocio del crimen organizado en las fronteras, principalmente en delitos como el tráfico de drogas y personas”.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, Primera.
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