Número-094
- Previamente, integrantes de la Comisión de Hacienda cuestionaron a los nuevos funcionarios sobre el manejo de la deuda y los llamados “gasolinazos”.
- Lo más importante para la economía mexicana es preservar la estabilidad: Vanessa Rubio.
El Pleno del Senado de la República ratificó el nombramiento de Vanessa Rubio Márquez como Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, y de Osvaldo Antonio Santín Quiroz como Jefe del Servicio de Administración Tributaria, propuestos por el Ejecutivo federal en la sesión del pasado 13 de septiembre.
Luego de su aprobación con 97 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, los nuevos funcionarios rindieron la protesta de ley correspondiente y el presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero Morales, les deseó éxito en su nuevo encargo.
Las senadoras María del Rocío Pineda Gochi, del PRI; Mariana Gómez del Campo Gurza, del PAN; Iris Vianey Mendoza Mendoza, del PRD; y Martha Angélica Tagle Martínez, así como el senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del PVEM; celebraron el nombramiento de una mujer en la Subsecretaria de Hacienda, respaldaron el dictamen y reconocieron la trayectoria de los dos funcionarios.
En la tribuna, el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del PRD, manifestó que la Cámara de Senadores “no puede dar cheques en blanco cheque en blanco ni avalar nombramiento sin dar resultados”, pero se les dará “el beneficio de la duda” con la finalidad de que la situación económica mejore.
Previamente, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside el senador José Francisco Yunes Zorrilla, aprobó el dictamen por el que se ratificaron las designaciones y desahogó las comparecencias de Rubio Márquez y Santín Quiroz.
En la reunión, la senadora Dolores Padierna Luna destacó que el Paquete Económico que presentó el Ejecutivo federal “es la demostración fehaciente del fracaso de las reformas estructurales”, de promesas incumplidas de una administración “que sabe cargar mucho el diente a los contribuyentes, pero que gasta más de lo que ingresa, e incluso más de lo que le autoriza el Congreso”.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRD advirtió que se plantea un fuerte déficit “que se subsanará para 2017 con 487 mil millones de pesos”, con lo que la deuda asciende a casi nueve billones de pesos, lo que representará más del 50.4 por ciento del Producto Interno Bruto. De esa cantidad, agregó, para el siguiente año pagaremos sólo intereses por alrededor 600 mil millones de pesos.
Señaló que existe un “optimismo desbordante” que no se demuestra en la realidad, que se ha fallado sistemáticamente en los pronósticos de crecimiento económico y que, por primera vez en lo que va de esta administración, no se alcanzará a cubrir la fuga de capitales ni con remesas, turismo, ni reservas, ni incluso sumándole el crédito contingente del Fondo Monetario Internacional.
Marco Antonio Blásquez Salinas, senador del Grupo Parlamentario del PT, reveló que existía un compromiso formal para tener certidumbre en el precio de las gasolinas, e incluso el Presidente de la República lanzó una campaña donde decía que se acabaron los “gasolinazos”, pero “nos la jugaron chueca” y en este año el combustible “ha aumentado de manera exponencial”.
Expresó que una liberación del costo de la gasolina, “cuando de arranque el consumidor se le impone el 45 por ciento del impuesto por litro”, ¿qué homologación, qué competencia puede haber cuando el mercado que más castiga en Estados Unidos, que es el de California, establece un 23 por ciento de gravamen sobre el galón.
Por el Grupo Parlamentario del PAN, el senador Juan Fernández Sánchez Navarro coincidió en que el 2017 será un año complicado, pero reconoció que los funcionarios propuestos por el Ejecutivo cuentan con perfiles probados y la capacidad en los puestos que han desarrollado.
Consideró que en esta situación económica uno de los grandes retos que han encontrado las empresas del país es la devolución a tiempo del Impuesto al Valor Agregado.
El senador Manuel Cárdenas Fonseca destacó que los costes de los abusos –desvíos, actos de corrupción y emisión de documentos fraudulentos– de organismos como el Banco Mundial y las calificadoras “nos las han trasladado de manera inimaginable e incuantificable en el tiempo”.
Dijo que en la Unión Europea se citó a las calificadoras por emitir documentos y calificaciones fraudulentas y las sancionaron; el Senado de Estados Unidos hizo lo propio, pero en México “tan campantes” y esto es muy preocupante.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el senador Gerardo Sánchez García refirió que el paquete presupuestal contempla un recorte del gasto público de 239 mil 700 millones de pesos, que busca equilibrar el balance público y reducir las presiones sobre la deuda.
Tomando en cuenta este escenario y el contexto internacional incierto, altamente volátil, además de la desaceleración de los Estados Unidos, preguntó, ¿qué acciones llevaría a cabo para una política económica que genere crecimiento y ponga freno a una deuda pública que algunas calificadoras la han considerado de alto riego?
Luis Armando Melgar Bravo, senador del Grupo Parlamentario del PVEM, reconoció que la “recta final, los últimos dos años” de la presente administración van a requerir “del mejor talento posible” y “la enorme incertidumbre que se están viviendo por factores, en su mayoría exógenos” exigirán una manera diferente de hacer las cosas.
Dijo que la responsabilidad más grande del SAT es el combate a la informalidad, la incorporación de la población económicamente activa al sistema formal “y sabemos que hay cosas que corregir”.
Vanessa Rubio dijo que lo más importante para la economía mexicana es preservar la estabilidad y generar confianza y certidumbre para las empresas, las familias mexicanas y a los mercados internacionales, “que un contexto de tanta volatilidad estemos dando una buena noticia en términos de responsabilidad”.
Reconoció que los márgenes para el manejo de la deuda “están acotados” por los contextos internacional y doméstico, porque hay que pagar pensiones y mantener los proyectos de infraestructura vigentes: El bien superior a cuidar –dijo– es la estabilidad macroeconómica y financiera, porque sin estos factores no les estaríamos dando los elementos a las familias y empresas para poder crecer.
Por ello, en el Paquete Económico se propone un modelo distinto para el manejo de la deuda y se plantea un superávit primario, una reducción en la trayectoria del déficit, ya no pedir prestado para pagar intereses, no subir impuestos y tampoco imponer nuevos gravámenes.
Se trata, asentó, de un proyecto sustentado con “un realismo responsable” con el propósito de dar el paso siguiente, por parte del gobierno federal, en lo que a recortes se refiere.
Sobre la liberalización del precio de la gasolina dijo que “el acuerdo que existe es para hacerlo en 2018 y lo que estamos haciendo utilizar 2017 como una ventana de oportunidad para que no sea la instancia de la Secretaria de Hacienda, para que no sean decisiones políticas las que determinen el precio, sino para que sean la Comisión Federal de Competencia y la Comisión Reguladora de Energía”.
Se trata, agregó de que inicie este proceso de flexibilización, “pero que también tengan protegidos los mercados que todavía no cuentan con los esquemas de competencias correspondientes para poder este salto hacia una mayor flexibilidad”.
También expresó: “En un momento tan complejo, de tanta volatilidad, con precios del petróleo bajos, alzas en las tasas de interés y amenazas proteccionistas de algunos países, las reformas estructurales nos dan márgenes de acción más amplios para poder actuar”.
En este sentido, aseguró que la reforma fiscal ha permitido compensar la caída de los ingresos petroleros con ingresos tributarios y esto es un efecto positivo que he generado una economía más diversificada.
Por su parte, Antonio Santín aseveró que el Servicio de Administración Tributaria tiene la capacidad para fiscalizar las nuevas empresas petroleras que estarán participando en los procesos exploración, extracción y producción de petróleo, así como para asegurar que todos aquellos que llevan a cabo una actividad económica contribuyan al gasto público de manera equitativa y proporcional.
Informó que al día de hoy se han llevado actos de fiscalización que han arrojado una recaudación adicional por 300 millones de pesos y en su momento nosotros esteremos involucrándonos en estos procesos y asegurándonos que lleguen a las consecuencias jurídicas que procedan.
Dijo que a junio de este año se ha aumentado la devolución de IVA en más de 14 mil millones de pesos respecto a lo que se había devuelto el año anterior.
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