Número-467
- Necesario analizar en qué medida la disposición de datos sobre los antecedentes personales pueden impedir que alguien tenga una segunda oportunidad en la vida: Gil Zuarth.
- Es importante cuidar nuestros datos personales, y tomar medidas para prevenir situaciones como el robo de identidad: Ximena Puente.
El Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth, se pronunció por analizar y discutir en torno al llamado derecho al olvido y sus alcances para una sociedad que vive cambios tecnológicos, que demanda la protección de sus datos personales y requiere la tutela de los mismos.
Durante el inauguración del encuentro “Derecho al olvido, tutela integral de la privacidad. Visión Iberoamericana”, organizada por el Senado de la República en coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Gil Zuarth dijo que en nuestro sistema no está tutelado el derecho al olvido, aspecto que requiere ser analizado.
“La gran discusión que sigue para adelante en nuestro país es justamente, además de consolidar la transparencia y el acceso a la información, es crear un buen cerco institucional para proteger los datos personales y que, en efecto, nuestra sociedad es una sociedad justa que permita segundas oportunidades para todos”.
Cuestionó sobre los alcances del llamado derecho al olvido en el ámbito penal, la reinserción social, así como la disponibilidad de los antecedentes penales de una persona y en qué medida el derecho al olvido pueda impedir que tenga una segunda oportunidad.
“¿Una persona que ha cometido un error, que ha violado la ley, que ha cometido un delito, que paga su responsabilidad penal, tiene derecho o no tiene derecho a que ese antecedente sea accesible para los terceros? ¿En qué medida la existencia y la persistencia de esa información puede impedir la efectiva reinserción social de esa persona? ¿En qué medida la disposición de datos sobre sus antecedentes, sobre ese error que cometió, a pesar de ya haber pagado su responsabilidad penal, puede impedir que tenga una segunda oportunidad en la vida?”, dijo el senador.
Ante ello afirmó que los sistemas democráticos, los modernos, los humanistas, los sistemas penales que se basan en derechos, deben pensar sobre todo en las segundas oportunidades.
Sin embargo ejemplificó diciendo: ¿qué pasa, por ejemplo, con el profesor pederasta que ha sido sentenciado, que ha pagado su responsabilidad y que quiere pedir trabajo como docente en una escuela? Son dilemas que difícilmente se pueden resolver de una vez y para siempre.
Ambos casos, dijo, son dilemas a los cuales nos enfrentamos como sociedad, y que en buena medida la regla caso por caso es quizá la única vía que tenemos para irlos resolviendo.
Gil Zuarth cuestionó “¿de qué se trata el derecho al olvido? Es una posición individual de una persona frente al ordenamiento jurídico, un derecho subjetivo que se opone al Estado o frente otros y que en consecuencia, debe tener ciertas tutelas por parte del Estado. Es en realidad la consecuencia de la ponderación entre los derechos a la intimidad, a la privacidad, a la autonomía personal; frente a la libertad de expresión y el derecho a la información. Su contenido esencial versa fundamentalmente de proteger el patrimonio moral de una persona, frente al desarrollo tecnológico”.
Preguntas como esa, dijo el senador, son convencionales y “llegan en el momento en el cual se está construyendo las nuevas instituciones de la transparencia, de protección de datos personales y la forma en la que las personas interactuamos con el Estado en cuanto al acceso a la información, pero también en la medida en la que los ciudadanos interactuamos con otros que pueden tener una información propia, que les es ajena, pero que la pueden utilizar para fines comerciales, para fines políticos, para fines de diverso tipo”.
En su oportunidad, la comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora, expuso que se puede considerar “el derecho al olvido como un derecho de las personas físicas a solicitar que se bloquee su información, que se considera que ha dejado de ser de utilidad por el transcurso del tiempo” y recalcó que muchos consideran el llamado derecho al olvido, como un baluarte de la privacidad en la era digital.
Aclaró que en México no existe una regulación específica sobre el mencionado derecho al olvido. Sin embargo al analizarlo desde el enfoque de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; podría entenderse como una modalidad limitada del derecho de cancelación u oposición. Esto debido a que dichos derechos se circunscriben al tratamiento de los datos en una relación entre el responsable y el titular, explicó la comisionada.
La comisionada del INAI, Areli Cano Guadiana celebró la realización del encuentro ya que será a través del debate y la reflexión sobre sobre las diferentes posturas que se podrá “trazar las líneas generales para la construcción de soluciones equilibradas, en la configuración del ejercicio y ponderación de los derechos humanos involucrados”.
Refirió que en México, el denominado derecho al olvido es inexistente. Sin embargo, el Poder Judicial se ha pronunciado acerca de aspectos procedimentales para brindar certeza jurídica mediante el alcance y contenido del ejercicio de los derechos de oposición y cancelación, principalmente.
Al encuentro también asistieron la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República, Francisco Javier Acuña Llamas, y Óscar Mauricio Guerra Ford, comisionados de INAI.
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