Número-323
- También llama a las comisiones, nacional y estatal, de Derechos Humanos a que diseñen medidas que garanticen los derechos de internos, trabajadores y visitantes.
- Otro dictamen aprobado solicita a la SCJN un informe de la Acción de lnconstitucionalidad contra el Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales.
El Pleno de la Comisión Permanente aprobó siete dictámenes realizados por la Primera Comisión, entre los que se encuentra un exhorto al gobierno de Nuevo León para que revise y refuerce los mecanismos de seguridad interna de los centros penitenciarios bajo su jurisdicción.
Asimismo, llama a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de esa entidad, como a la Comisión Nacional delos Derechos Humanos (CNDH), para que colaboren conjuntamente con las autoridades del gobierno estatal en el diseño de medidas que contribuyan a garantizar la efectividad de los derechos humanos de los internos, de los trabajadores y de los visitantes de los centros penitenciarios en esa entidad.
El dictamen refiere que la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Sofía Velasco Becerra, durante la presentación del Informe Especial sobre el Centro Penitenciario Topo Chico, llamó a las autoridades correspondiente a considerar la clausura de dichas instalaciones.
Señaló que no están garantizados los derechos humanos de los internos, en ese penal que tiene más de 70 años de antigüedad; también pidió analizar la construcción de un nuevo centro penitenciario para despresurizar la población de más de tres mil 500 internos, de los cuáles 400 son mujeres.
Nuevo León tiene ocho mil 546 reclusos en total, mientras que la capacidad instalada es para seis mil 552, lo cual advierte claramente el déficit de espacios que merma la gobernabilidad de los centros en la entidad, detalla el punto de acuerdo aprobado.
El dictamen considera que la Legislatura estatal debería iniciar una revisión profunda de la legislación en la materia, para que, al tiempo de armonizarla con lo dispuesto en la nueva Ley de Ejecución Penal, instaure medidas adicionales, con pleno apego al marco de los derechos humanos, de acuerdo a su contexto.
Otro dictamen aprobado por la Comisión Permanente, solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN) que informe de la situación procesal en la que se encuentra la Acción de lnconstitucionalidad planteada por la CNDH, en contra de diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estimó que diversos artículos de los códigos señalados no cubrían los estándares constitucionales ni internacionales en la materia, así como en atención a lo interpretado por la SCJN y por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), lo cual afectaría directamente los derechos fundamentales de las personas.
La CNDH consideró pertinente hacer del conocimiento de la SCJN, como último y máximo intérprete de la Constitución, dichas inconsistencias, a fin de que ésta decida sobre la validez de los artículos impugnados o sobre su interpretación conforme.
Un tercer dictamen exhortar a la Fiscalía General del Estado de Morelos para que realice las investigaciones en relación al presunto abuso cometido por policías de Morelos, contra Estrella Pedroza, periodista que el pasado 8 de junio denunció ante la unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, la agresión al tratar de documentar en video un hecho que se encontró a su paso.
Asimismo, se solicita fortalecer la capitación a los cuerpos policíacos con la finalidad de salvaguardar la integridad de los periodistas en el desempeño de su labor.
El dictamen señala que la estrategia de prevención de agravios a periodistas e informadores debe ser integral, por lo que se tienen que atender los factores de riesgo y fortalecer las instituciones para que den respuesta efectiva a los casos de violencia.
Además, debe haber compromiso para cumplir las normas que protegen la labor periodística y lograr que las autoridades asuman su responsabilidad de que ese ejercicio profesional coadyuve en el modelo democrático y no amenace al desarrollo institucional.
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