El veto del Presidente al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades obedece a la presión de los grandes empresarios para quienes la ley sí se negocia, sostuvo la senadora Dolores Padierna Luna.
En reunión de trabajo de las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, la vicecoordinadora de los senadores del PRD afirmó que reiteradamente el Gobierno ha declarado que la ley no es negociable, particularmente para el magisterio.
“Sin embargo, a los empresarios, a las cúpulas oligárquicas que tienen derecho de picaporte con el propio Presidente, se les dice la ley sí se negocia, y entonces estamos aquí porque el Presidente de la república vetó una ley aprobada por el Congreso”, dijo.
Padierna Luna aseveró que la redacción del artículo 32 no estaba dirigida a los beneficiarios de programas sociales ni a los becarios del Conacyt, como se ha querido dar a entender.
Agregó que tampoco se pensó en los medianos y pequeños empresarios que sostienen el empleo de este país, que pagan impuestos y muchos y que están sorteando la crisis y la devaluación con enormes sacrificios.
“Aquí se trataba de poner en regla a los magnates que por sus acuerdos con el más alto poder político se llevan las más grandes tajadas del presupuesto público cada año”, subrayó.
La senadora explicó que lo que se pretendía con la redacción del artículo 32 era que las personas que reciban recursos públicos en grandes cantidades rindan cuentas.
“No se trataba de supervisar las migajas del presupuesto que se les da a los pobres, sino de dar seguimiento a los miles de millones de presupuesto que se dan a las cúpulas oligárquicas que no sólo reciben tajadas millonarias del pastel presupuestal, sino que además mediante actos de corrupción se les entrega la riqueza del país”, reiteró.
Dolores Padierna aseguró que el PRD no se prestará a la simulación, y dado que no se está sancionando el soborno, el conflicto de interés y enriquecimiento ilícito, el sentido de su voto sería en abstención.