Número-219
- Oaxaca, Guerrero y Michoacán enfrentan el incremento de una violencia histórica, afirman líderes sociales.
- Lo ocurrido en Nochixtlán, Oaxaca, es la muestra del hartazgo y dolor social que se ha ido acumulando generación tras generación: senador Benjamín Robles Montoya.
Durante el seminario “Violencia y paz: diagnósticos y propuestas para México”, que se llevó a cabo en el Senado de la República, académicos y organizaciones civiles destacaron que estados como Oaxaca, Guerrero y Michoacán enfrentan el incremento de una violencia histórica asociada a conflictos políticos, pero también a la expansión del mercado de las drogas.
El senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, advirtió que lo acontecido los últimos días en Nochixtlán, Oaxaca, es la muestra del “dolor social que se ha ido acumulando generación tras generación”, ante la falta de acceso a la educación, servicios y mejores condiciones de vida para la población.
Comentó que la violencia en esa entidad y en otros estados del país tiene como causa principal primigenia la miseria, pues tan sólo en Oaxaca el 78 por ciento de la gente no tiene acceso a la seguridad social y seis de cada diez no tienen vivienda.
Raúl Morón Orozco, senador por la misma fracción parlamentaria, reiteró que en los estados del sur-sureste de México predomina la pobreza, la miseria y el abandono de las políticas públicas para atender a los habitantes de esta región.
Afirmó que enfrentar la inseguridad y la violencia con el Ejército genera violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y “más violencia”, pero no resuelve el problema de fondo, por lo que se tienen que adoptar medidas integrales para combatir también la pobreza y generar mejores condiciones de vida.
Alejandro Solalinde, de la Comisión de la Verdad en Oaxaca, dijo que la represión, violencia y fuego amigo en el estado es una condición que no sólo se ve hacia el magisterio, sino que prevalece en diversos niveles de la sociedad, pues considera que existen intereses económicos para entregar los bienes de la entidad a mineras y grupos trasnacionales.
Manifestó que la represión, muerte, desapariciones, detenciones arbitrarias, pobreza, olvido ausencia de diálogo, impunidad y criminalización de la protesta social se vuelve una condición que invita a la reflexión sobre la violencia ancestral y endémica que no se ha asimilado, y que actualmente está dirigida en mayor medida a los jóvenes.
Consideró que la etapa actual de violencia generalizada causa insensibilidad en la población que deriva en relaciones envenenadas por intereses mezquinos, económicos y políticos ausentes de humanidad, y por ende una violencia cultural, como parte de las costumbres.
“Ya no hay violencias sueltas, hay cadenas de violencia por todo el país, en unos cuantos años hemos pasado ser connacionales a ser amenazas unos con otros”, dijo.
Salvador Maldonado, profesor del El Colegio de Michoacán, dijo que las tres entidades tienen los más altos índices de impunidad, pues del total de averiguaciones previas sólo se procesan alrededor del uno por ciento y gozan de los primeros lugares en incidencia delictiva.
Tenemos que poner mucha atención en estos estados porque, en un momento dado, pueden dar motivo “a nuevo tipo de regresión” en materia de violencia. Particularmente Michoacán y Guerrero, precisó, “están en una situación un poco delicada”.
En su turno, Abel Barrera Hernández, fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, destacó que la militarización, desde la década de los 70, fue una orden presidencial que hasta la fecha permanece como estrategia de guerra de contrainsurgencia: “se persigue a quien se considera que son radicales, se detiene a quienes consideran que están vinculados con grupos armados”.
Dijo que la llamada “guerra contra las drogas” en realidad es “la guerra contra los pobres de la montaña” porque en esta región, junto con la sierra y costas del estado, es donde florece la amapola a unos kilómetros de los pueblos; y además se ubica Acapulco como centro neurálgico de las operaciones trasnacionales del narcotráfico.
Advirtió que en la región de tierra caliente, la costa grande, un aparte del centro y la zona norte están las comunidades que padecen el flagelo de la delincuencia y que se están desplazando.
José Luis Segura Barragán, presbítero de la Tenencia de Felipe Carrillo Puerto “La Ruana”, denunció que en Michoacán persisten los grupos criminales, que se “pelean en la calle, descabezan personas, descuartizan, secuestran, desaparecen, torturan”, a pesar de la versión del gobierno estatal que sostiene que “todo está bien”.
En el análisis sobre la violencia de la región noreste, representantes de organizaciones de la sociedad civil coincidieron en que el problema de violencia y justicia para las víctimas y sus familiares radica en las altas tasas de impunidad, pues en muchos casos existe colusión por parte de autoridades con grupos de la delincuencia organizada.
Tan sólo Tamaulipas y Coahuila han sido señaladas como entidades donde se incrementó de manera exponencial los delitos de secuestro, desaparición y asesinato, no obstante los gobernadores en turno han hecho caso omiso a los llamados de organizaciones civiles para detener la situación de violencia.
En este sentido, el investigador del Colegio de México, Fernando Nieto, señaló que los diagnósticos revelan una profunda desconfianza hacia las instituciones “muy bien ganada” porque hay una desconexión profunda, lacerante entre los discursos en las tribunas y los resultados hacia los ciudadanos en las calles.
Estos hechos –dijo- han dejado a México en un círculo vicioso, en una economía política de la violencia perversa en la que la desconfianza genera ineficacia institucional, que a su vez, recrudece la desigualdad elimina la solidaridad e incrementa la violencia.
A decir, del investigador se requiere generar confianza a través de la inclusión, de políticas públicas que puedan ser evaluadas y sus resultados difundidos, acciones coordinadas, creación de capacidades, pues los ciudadanos no tienen por qué ser perito; contar con gobiernos abiertos y transparentes. “Reconstruir la confianza es fundamental para combatir la violencia”, agregó.
Por último, la senadora Silvia Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN, destacó la necesidad de modificar es sistema legar para abatir este problema y se comprometió a ser la voz de las organizaciones civiles en la tribuna del Senado para cumplir con este propósito.
