Número-215
- El 80 por ciento de la contaminación proviene del transporte público y de carga.
- Las muertes prematuras asociadas con la contaminación atmosférica aumentaron de 17 mil en 2005, a más de 21 mil en 2010.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que en sus zonas metropolitanas se implementen políticas que impulsen la modernización del transporte público de pasajeros, tanto colectivos como taxis.
Dichas políticas deben identificar corredores prioritarios; eliminar el esquema de concesión individual de transporte público; conformar corredores con operación empresarial; aprovechar nuevas tecnologías para el monitoreo y gestión del servicio; incorporar vehículos eléctricos o híbridos.
Lo anterior, debido a que el 80 por ciento de la contaminación proviene del transporte público y de carga, y casi la totalidad de los microbuses que circulan a diario y durante todo el día por las calles de la Ciudad de México, tienen problemas mecánicos que derivan en mayores emisiones contaminantes.
En este sentido, según el reporte de políticas sobre calidad del aire que elaboró el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 2015, en México la mayor fuente de contaminación es el transporte que utiliza diésel como combustible.
El documento precisa que en México, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las muertes prematuras asociadas con la contaminación atmosférica aumentaron de 17 mil en 2005 a más de 21 mil en 2010.
Se destaca que la Zona Metropolitana del Valle de México es la más contaminada de todo el país, y los efectos de las políticas públicas fallidas que se han implementado en ella, a lo largo de más de 20 años, han sido notorios en las últimas semanas.
Es necesario aplicar nuevas políticas de modernización del transporte público, ya que la exposición a la contaminación atmosférica es el principal factor de riesgo ambiental en el mundo, afectando especialmente a los adultos mayores, niños y niñas, personas de bajos estratos socioeconómicos y deportistas, puntualizó.
Pide Permanente dar transparencia recursos del Fondo Regional
Asimismo, los legisladores avalaron hacer un llamado a los gobiernos de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y San Luis Potosí, a transparentar los recursos otorgados mediante el Fondo Regional (Fonregion), así como el proceso de planeación y ejecución de los programas.
El dictamen también exhorta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que remita un informe detallado, respecto de los Lineamientos de Operación del Fondo Regional, en el que se evalúen los resultados, objetivos y avances del programa, así como los proyectos que han sido beneficiados y el impacto directo que ha tenido en la sociedad.
El punto de acuerdo precisa que el fondo no tiene un objetivo específico y delimitado, lo que lo hace poco transparente y lo deja a merced de los intereses de los gobiernos estatales, por lo que su principal objetivo debería estar orientado al desarrollo humano territorio.
Aunado a lo anterior, las carteras de proyectos están integradas por propuestas pequeñas, que lejos de causar un impacto regional que incremente los índices de desarrollo, representan complementos de otros programas, inversiones sin planeación, ocurrencias de los gobiernos.
La transparencia y la rendición de cuentas son herramientas que bien empleadas permiten elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en un gobierno, además, de que el combate a la corrupción hoy en día es uno de los reclamos más sentidos por la sociedad y una necesidad básica para construir un gobierno eficaz.
Exhortan que el Estado Mexicano se adhiera al Convenio 189 de la OIT
Finalmente, la Comisión Permanente exhortó al Estado Mexicano, para que se adhiera al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, y lo remita al Senado de la República para su aprobación.
Dicho convenio define al trabajo doméstico como el trabajo realizado para o dentro de un hogar o varios hogares y establece los derechos y principios básicos de las y los trabajadores y exige a los Estados parte tomar una serie de medidas con el fin de lograr que el trabajo decente sea una realidad para este sector.
Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el panorama de este sector es grave, ya que el 76 por ciento de los trabajadores domésticos no cuenta con ninguna prestación laboral, en contravención con lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo y tampoco gozan de los derechos laborales relativos a la seguridad social, ni de una alimentación y vivienda dignas.
