Número-210
- En justicia social no hay esfuerzos pequeños para las personas que tienen una condición específica y que requieren garantía y reconocimiento en condiciones de igualdad, con trato digno y con trato justo: Gil Zuarth.
- El propósito de esta iniciativa es poder dar por derecho lo que les corresponde a las personas con discapacidad y sus familias: Flores Escalera.
Con la iniciativa para reforzar la protección y los derechos de las personas con discapacidad que dieron a conocer el presidente del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth, la senadora Hilda Flores Escalera y el presidente de la Fundación Teletón, Fernando Landeros, se transformarán las condiciones de vida de millones de personas que viven con una discapacidad.
Se trata de tres grandes cambios; el primero, dijo Gil Zuarth, es dar certeza y seguridad jurídicas, al elevar a rango de ley la definición de discapacidad que hoy está en normas de carácter administrativo.
“Es un cambio profundo porque es la garantía de la certidumbre, de la seguridad jurídica. Es la garantía legal para que ninguna persona pueda ser discriminada y que tenga los mecanismos de defensa para protegerse frente a la discriminación”. Con ello se garantiza la máxima protección de los derechos en concordancia con los tratados internacionales y de nuestro país.
El segundo cambio es referente a incorporar a la ley la obligación de las instituciones de seguros para crear programas pertinentes para personas con discapacidad.
Ello porque quienes viven con alguna discapacidad, requieren programas específicos que atiendan su respectiva condición, productos que se enfoquen en terapias, programas de rehabilitación que sean pertinentes a su condición en las distintas gamas y modalidades de la discapacidad.
En tercer lugar, se pretende corregir el déficit de información sobre discapacidad en el país ya que existe un estudio del INEGI desde 2010.
Gil Zuarth dijo que esta iniciativa plantea la creación de certificados de reconocimientos y calificación de discapacidad, con la participación de instituciones públicas y privadas, en manos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía con el propósito de que haya siempre conocimiento e información de calidad sobre cuáles son las características de la condición de discapacidad en nuestro país.
“En justicia social, en todo lo tocante al ejercicio y vigencia de los derechos, no hay esfuerzos pequeños o esfuerzos grandes; no hay escalones pequeños o escalones grandes. Cada pequeño paso puede ser un gran paso para personas que tienen una condición específica y que requieren que sus derechos sean no solamente garantizados, sino también reconocidos en condiciones de igualdad, con trato digno y con trato justo”, afirmó el senador
La senadora Hilda Flores Escalera, secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República, expuso que de acuerdo a un cuestionario sobre discriminación por motivos de discapacidad, existe en México una percepción de discriminación en la contratación de seguros de más del 80 por ciento.
“Es decir, ocho de cada 10 personas con discapacidad que pretenden adquirir un seguro se sienten discriminados y esa es la verdad. Esta discriminación a su vez se presenta en dos tipos: una, el 58 por ciento considera que la discriminación es por su propia discapacidad y, dos, el 34 por ciento considera que es por la limitación en el diseño de productos”.
Por ello, dijo la senadora, se deben promover y generar instrumentos que “le permitan o que le obliguen a las compañías aseguradoras ofrecer estos productos, será la gran diferencia en el acceso a una vida plena y un reconocimiento total y absoluto de los derechos de las personas con discapacidad”.
En su oportunidad, Fernando Landeros dijo que esta iniciativa hace de los derechos humanos y de la inclusión “algo más que un discurso, algo más que un pronunciamiento, algo más que una declaración, algo más que un anhelo de la sociedad y llevarlo a fin de cuentas a un terreno concreto, práctico, real, para esa población tan grande que existe en nuestro país de personas con discapacidad”.
Y celebró la presentación de esta iniciativa misma que calificó como “congruente, porque aterriza los tratados internacionales a los que México está suscrito y hace vigente el espíritu más profundo de nuestras leyes”.
La propuesta legislativa fue impulsada y respaldada por personas con discapacidad, sus familiares, terapeutas, y abogados interesados en la garantía de los derechos de quienes viven con discapacidad.
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