Número-176
- Tiene por objeto establecer las bases de coordinación para prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
- Senadores también aprobaron la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Justicia y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron en lo general dos de las leyes que forman parte de la legislación secundaria para el combate a la corrupción.
Se trata de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México para el funcionamiento de dicho Sistema y para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
Además, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que busca determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento de este organismo.
Las comisiones dictaminadoras acordaron que las reservas a estos dos dictámenes se presenten y discutan en la sesión extraordinaria del Senado de la República, y que para este martes se analice, y en su caso se apruebe en comisiones, el dictamen relativo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En la ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, el senador Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del PRI, señaló que su objeto es establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de los órganos de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos.
Agregó, que se contará con un Sistema Nacional de Fiscalización, cuyo fin es establecer acciones y mecanismos de colaboración mediante los cuales, los integrantes de los mismos, promoverán el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias, encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.
Finalmente, señaló que la Plataforma Digital del Sistema, estará conformada por la información que incorporen las autoridades integrantes del sistema nacional y contará con los sistemas de Evaluación Patrimonial y de Declaración de Intereses; Nacional de Servidores Públicos Sancionados; de Información y Comunicación; Nacional de Fiscalización; y el de Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción.
La senadora Laura Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, indicó que el dictamen que presentan las comisione retomó más del 60 por ciento del proyecto de iniciativa presentada por su Grupo Parlamentario.
Además, subrayó que el proyecto cumple de manera satisfactoria la parte del proceso del sistema de prevenir, detectar, investigar y sancionar los hechos de corrupción. El objetivo del Sistema Nacional tiene una estrecha conexión con la parte penal, tanto con la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción como con las reformas al Código Penal que también se plantean como parte de la reforma, argumentó.
La legisladora también destacó que el Sistema busca generar una política pública de Estado, que el país hoy no tiene, para combatir la corrupción, y se contará con instrumentos de medición de la corrupción. Con esta ley, agregó, se da estabilidad y formalidad a los trabajos realizados por auditores y contralores por más de diez años, a fin de establecer lineamientos que favorezcan la auditoría externa e interna en las diferentes esferas de gobierno.
Por el Grupo Parlamentario del PRD, el senador Armando Ríos Piter expresó que con la desaparición de cerca de 30 mil personas, incluidos los 43 estudiantes, quedó en evidencia “que la corrupción mata, de que ya nos tiene en una condición de violaciones graves a los derechos humanos” y al referirnos a la Casa Blanca hablamos de que este problema llega a todos los niveles cuando se involucra incluso al Presidente de la República.
Dijo que con el SNA tenemos un nuevo modelo de coordinación entre las instituciones, no sólo una coordinación burocrática sino en la generación de información, inteligencia gubernamental y participación de los ciudadanos para tener una visión de dónde se están cometiendo este tipo de actos.
Por el Grupo Parlamentario del PVEM, el senador Pablo Escudero Morales dijo que se apostó a las instituciones sólidas y fuertes que pudieran avanzar en un Sistema inteligente que evalúa, avanza, que se corrige, que se coordina.
Además, enfatizó, los ciudadanos van a presidir el Sistema Nacional Anticorrupción, su comité y el órgano de gobierno: “el gran empoderado de este Sistema, son los ciudadanos, no hay duda alguna, me parece que ese es uno de los grandes acuerdos de todos los grupos parlamentarios”.
Con respecto a la Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el senador del Grupo Parlamentario del PRI, Miguel Romo Medina, explicó que esta instancia incluirá en sus competencias podrá conocer de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares, promovidas por la Secretaría de la Función Pública, y los órganos internos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoría Superior de la Federación.
El legislador explicó ante comisiones unidas la composición del Tribunal y del Pleno General, sus facultades en lo relativo a responsabilidades, la posibilidad de que ejerza la facultad de atracción, los requisitos para ser magistrado, la composición de los órganos del Tribunal, el procedimiento para nombrar magistrados, y la competencia de las salas especializadas, entre otros detalles.
Por Acción Nacional, la senadora María del Pilar Ortega Martínez dijo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades que la ley determine como graves, y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades.
Dijo que la Tercera Sección ejercerá la facultad de atracción para resolver los procedimientos administrativos por faltas graves, cuya competencia primigenia corresponda a las salas especializadas. Además, se establecieron las atribuciones para que dicha sección resuelva el recurso de apelación que interpongan las partes en contra de las resoluciones dictadas por las salas especializadas.
Por su parte el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del PRD, aseguró que para tener un mejor funcionamiento de la ley, hacen falta dos temas. En el artículo 14, comentó, se debe agregar que “la sección contará con salas especializadas con las que compartirá competencia y les harán jerárquicamente subordinadas”.
Pues, de otra forma no se tendrá autonomía en la Tercera Sección y, ante una sobre carga de trabajo, no tendrá otra influencia y no tendrá forma de canalizarlo. También precisó que en el artículo 43, en abono al mejor funcionamiento del tribunal, debe ser obligatoria la investigación sobre los antecedentes administrativos y penales de los candidatos, ya que actualmente está la palabra “podrá”, con lo que “podrá muy probablemente no hacerse”.
